Perdiendo el papel

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La escasez de papel de periódico en Venezuela ha obligado a algunos periódicos a cerrar, pero los medios digitales se están expandiendo con rapidez para ocupar su lugar y mantener a la gente al tanto de las últimas noticias. Luis Carlos Díaz informa desde Caracas”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un hombre vende periódicos en Caracas, Venezuela, FStoplight/iStock

Un hombre vende periódicos en Caracas, Venezuela, FStoplight/iStock

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En mayo, El Impulso, un periódico venezolano con más de 110 años de andadura, anunciaba su cierre. No era la primera vez. Hicieron un anuncio parecido en enero, y otro en febrero. Cada vez, los periodistas trabajaban a destajo, las páginas seguían maquetándose y había noticias de sobra. Pero algo detenía a las imprentas: no había papel.

El papel escasea en Venezuela desde hace dos años. En 2013 cerraron 10 periódicos, y muchos más han reducido su tamaño.
Los noticieros digitales están tomando el relevo y muchos periódicos han tenido que reexaminar su estrategia. El Correo del Caroni pasó de tener 32 páginas a ocho y El Nacional redujo su sección de noticias, eliminó las de cultura y deporte y se deshizo de las revistas y el suplemento literario. Hasta el Diario Vea, favorable al gobierno, anunció varias veces que estaba condenado, aunque fue rescatado más adelante.

Internet se ha convertido en el lugar donde la información procedente de todas partes del país fluye de forma más libre y espontánea. En Venezuela, un país de 29 millones de habitantes, internet solo llega al 54% de la población, pero proliferan los emprendedores digitales a medida que la gente intenta atraer a nuevos usuarios. Los ejemplos son abundantes. Entre los nuevos sitios de noticias se encuentra Poderopedia.org, lanzado en junio por un periodista de la prensa tradicional que, descontento con la situación, buscaba investigar los vínculos entre la clase política, los empresarios y los oficiales del ejército.

SIC, la revista más antigua del país, dirigida por un centro político jesuita de Caracas, ha decidido imprimir con pérdidas este año mientras trabaja en una estrategia de digitalización. La revista se enfrenta además al reto de atraer a sus suscriptores —de 56 años de media— a lo digital. La diferencia clave entre el paisaje mediático de Venezuela y el del resto del mundo es que, cuando la gente habla del fin del periodismo impreso en otros lugares, normalmente se trata de un debate sobre el cambio tecnológico; en Venezuela, es diferente. Allí, la migración a plataformas digitales es una manera de atenuar una crisis por la falta física de papel.

Fue Andiarios, una organización periodística sin ánimo de lucro de Colombia, quien rescató a El Impulso al intervenir con un envío urgente de papel. «Esto nos permitió imprimir un mes más», dice Carlos Eduardo Carmona, el presidente del diario. «Seguimos sobreviviendo día a día. Los jefes de sección se sienten como bomberos aquí, controlando emergencias constantemente».

La inflación en Venezuela ya era incapacitante (la tasa oficial en 2013 era del 60%), pero entre junio de 2013 y enero de 2014, el coste de imprimir en el país se encareció un 460%.

La carestía de papel no es más que una de las muchas peculiaridades de Venezuela. Esta economía basada en el petróleo ha formado un estado con un punto débil crónico en su mismo centro. Poco se produce de forma doméstica; casi todo es importado, incluso medicinas, alimentos básicos y recambios de automóvil. Y estos productos no se pueden comprar libremente en el mercado internacional. Todas las adquisiciones tienen que hacerse a través del estado, lo que crea un sistema extremadamente complicado que puede llevar a la escasez.

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La economía de Venezuela: cómo funciona

 

En 2003, el entonces presidente Hugo Chávez puso en marcha una ley de cambio de divisas internacionales que convirtió al gobierno en único administrador de la compraventa de dólares, al provenir estos de la industria estatal del petróleo. La ley estaba pensada para evitar la fuga de capitales y controlar el precio de alimentos básicos. Al mantener los dólares a un precio subvencionado por el gobierno, es más barato importar productos que producirlos en el país.

Actualmente Venezuela cuenta con cuatro tasas de cambio: la Tasa Cencoex, a 6,30 bolívares por dólar (solo para importaciones del estado); la Tasa Sicad 1, a 10 bolívares por dólar (en ventas a empresas controladas por el estado); la Tasa Sicad 2, a 50 bolívares por dólar (en ventas a ciudadanos controladas por el estado), y la tasa del mercado negro, que va de 65 a 80 bolívares por dólar: una tasa ilegal que, pese a no ser oficial, es común en la calle. El estado ha intentado centralizar todas las variables económicas, pero no le ha salido bien.

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El presidente Hugo Chávez pasó en 2003 una ley de cambio de divisas extranjeras que hace que sea el gobierno el único organismo habilitado para administrar la compraventa de dólares. Además, el gobierno también tiene una lista de productos prioritarios para los que concede el uso de dólares y en agosto de 2012 decidió eliminar al papel de la lista, incrementando los costes y las dificultades para el que intentase importarlo.

El efecto no empezó a notarse hasta un año después, cuando se hizo evidente que los suministros de papel se habían agotado y la carestía de papel higiénico a nivel nacional saltó a los titulares de todo el mundo. El daño sufrido por la industria del periódico, sin embargo, fue duradero. Los grandes diarios del país redujeron su número de páginas durante los siguientes seis meses, deshaciéndose de secciones y suplementos enteros.

Aunque fue en 2012, con la decisión del gobierno, cuando comenzó la crisis per se, esta se exacerbó por una sucesión de protestas que se iniciaron en febrero de 2014. Una serie de manifestaciones juveniles que exigían la dimisión del gobierno se tornaron rápidamente en enfrentamientos violentos, en los que hubo 42 muertos y más de 3.000 arrestos. En las semanas previas a las protestas, se habían celebrado manifestaciones de periodistas y estudiantes de periodismo en Caracas, Barquisimeto y Ciudad Guayana, acompañadas de una campaña en las redes sociales. El Bloque de Prensa, una organización de editores afiliados, calculó que existía una deuda a proveedores de al menos 15 millones de dólares estadounidenses.

El gobierno respondió centralizando la compra de papel un día antes de la protesta de más envergadura. A raíz de ello, ahora solamente existe una entidad autorizada para comprar papel al extranjero, y todos los periódicos y la industria editorial dependen de ella para obtener su suministro.

Carmona, de El Impulso, afirma que el proveedor de papel del estado solo cubre la mitad de la demanda de papel del país. Al contrario que otros periódicos, no se ha sentido presionado aún a cambiar su postura editorial oposicionista, pero el tamaño del diario sí se ha reducido de 48 páginas a 12 o 16. «No queremos cerrar, pero tampoco queremos formar parte de un conjunto mediático pírrico con presencia limitada. Ya no tengo espacio para reportajes. Hemos recortado información, reducido el tamaño de la tipografía y el interlineado. Tenemos menos imágenes y las noticias son telegráficas y de peor calidad, pero al menos seguimos funcionando».

Estadísticas oficiales sobre compras de dólares de enero a abril de 2014 revelan que se aprobaron 7,41 millones de dólares estadounidenses para papel destinado a los medios. Y el 85% de esta cantidad (6,3 millones de dólares) fue para Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación del país, comprado en 2013 con capital vinculado al gobierno. Tras la adquisición, Últimas Noticias cambió su postura editorial a una progubernamental. Desde aquello, muchos de sus periodistas principales han dimitido o han sido despedidos.

Miguel Henrique Otero es editor jefe de El Nacional, actualmente el único periódico opuesto al gobierno en Caracas desde que El Universal se vendiera en julio. «El gobierno sabe perfectamente cuáles son las necesidades de los diarios. Saben que aprobaron divisas para comprar papel, pero no pagan por motivos desconocidos, que suponemos son políticos. Lo único que han de hacer es comprar una cadena mediática, una que se doblegue ante ellos, para que empiece a fluir el dinero», dice Otero.

Mariaengracia Chirinos, investigadora de comunicaciones y miembro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, cree que la escasez de papel afecta más a los lectores que a las empresas: «La información ahora llega a medias. Tiene que recurrir a otros espacios y a la autoedición, que a veces es bueno, pero cuando es una respuesta a ciertas restricciones, también puede afectar la capacidad de la ciudadanía para elegir de dónde obtienen la información».

La polarización ha sido intensa en Venezuela desde el golpe de estado de 2002, pero las últimas elecciones en 2013, tras la muerte del divisivo líder Hugo Chávez, han acrecentado la frustración de los activistas de la oposición, al disputar los resultados (el margen de victoria de Nicolás Maduro fue solo del 1,49%). Fernando Giuliani, psicólogo social, explica que «la polarización es tan extrema que los medios del estado no dejan nada de espacio para temas de la oposición, ni en las noticias ni en opinión. Hemos quemado los puentes y ya no queda sitio para el diálogo».

Lo que Venezuela necesita por encima de todo es la puesta en marcha de canales de información que sean fiables y consigan acrecentar la fidelidad del público. Para los medios venezolanos, al ser los costes tan altos, la cantidad de lectores prima por encima de la calidad del contenido. Hoy por hoy, todos los usuarios digitales del país navegan sin ayuda por el complejo ambiente mediático, buscando el modo de procesar la información en un entorno en el que es difícil dilucidar las jerarquías que dominan las redes. Lo que tenemos no basta para enterarnos de lo que está pasando, pero sí está empoderando a la ciudadanía para decidir por sí misma.

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Luis Carlos Díaz es un periodista venezolano radicado en Caracas.

This article originally appeared in the autumn 2014 issue of Index on Censorship nagazine

Traducción de Arrate Hidalgo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Seeing the future of journalism” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2014%2F09%2Fseeing-the-future-of-journalism%2F|||”][vc_column_text]While debates on the future of the media tend to focus solely on new technology and downward financial pressures, we ask: will the public end up knowing more or less? Who will hold power to account? The subject is tackled from all angles, from our writers from across the globe.

With: Iona Craig, Taylor Walker, Will Gore[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80562″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2014/09/seeing-the-future-of-journalism/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

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Los peligros de la autorregulación

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La estrechez de miras de los gobiernos y la industria están poniendo en jaque a la libertad de expresión, asegura Ian Brown
“][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Yuri Samoilov/Flickr

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Una de las protecciones clave de la libertad de expresión en redes es la capacidad que tienen los proveedores de servicios de Internet (ISP) de permitir el acceso de sus usuarios a contenido de todas partes del mundo. En Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países, las ISP están exentas de responsabilidad por transmitir páginas web desde sitios remotos a sus usuarios. Como «meros conductos», no necesitan instaurar los exhaustivos controles por difamación o infracción de copyright que se exigen a los medios impresos. Incluso cuando actúan como servidores para sitios web, las ISP están exentas de responsabilidad sobre el contenido de los usuarios siempre y cuando el material ilegal se retire cuando se les notifique. Esta es una de las razones de la explosiva proliferación de contenido accesible en las redes en los últimos diez años.

Últimamente, sin embargo, los gobiernos han estado buscando la manera de hacer que las ISP desempeñen una función más firme como reguladoras del ciberespacio. Concretamente, están animando a las ISP a tomar medidas con respecto a las infracciones de copyright online, el intercambio de imágenes de abuso de menores y el uso de internet para promover el terrorismo.

Estas medidas podrían perjudicar gravemente la libertad de comunicación de todos los individuos. Si bien los usuarios de internet más experimentados suelen saber esquivar los bloqueos que introducen las ISP, la mayoría de la gente no está muy familiarizada con estas herramientas de sorteo de obstáculos, como pueden ser los proxys o la encriptación. Los gobiernos democráticos están debatiendo la restricción de una amplia gama de material, como información sobre la eutanasia y el suicidio, pornografía «extrema» y la «glorificación» del terrorismo.

Los gobiernos están animando a las ISP a tomar medidas de autorregulación del tipo «amable», con métodos de decisión administrativos, no judiciales, de sancionar a usuarios y páginas web. Algunas ISP han introducido cláusulas en sus contratos que les permitan desconectar a ciertos usuarios una vez se dé un número concreto de alegaciones de infracción de copyright contra ellos. La Unión Europea está alentando el desarrollo de líneas telefónicas directas financiadas por la industria que permitan al público denunciar imágenes de abuso infantil, siguiendo el ejemplo de la Internet Watch Foundation británica, según el cual algunas ISP deniegan automáticamente el acceso a webs que hayan sido denunciadas. El gobierno neerlandés ha aprobado un código de conducta que promueve la eliminación de material «indeseable» y «dañino» entre las ISP.

Si bien es cierto que estos planes son más flexibles y menos pesados que una regulación legislativa, lo más habitual es que prescindan de la imparcialidad procesal y la protección de los derechos fundamentales que se promueven desde el escrutinio independiente, tanto judicial como parlamentario. Pocos planes incluyen una protección substancial de los derechos individuales de expresión, asociación o intimidad. A menudo se introducen bajo amenaza de legislación o litigios, decididos y realizados a puerta cerrada «al amparo de la ley», sin consideración por la ciudadanía ni participación por parte de esta.

La aplicación del copyright

Las industrias musical y cinematográfica han pasado gran parte de la última década aterrorizadas por el nivel de infracciones de copyright existente en internet. En general, su reacción ha sido un alud de pleitos contra personas que comparten archivos. Los casos ascienden actualmente a 60.000 solo en Estados Unidos. Sin embargo, parece haber afectado más bien poco al volumen de archivos que se comparten, generando al mismo tiempo una decente cantidad de mala prensa. «Grupo de música demanda a sus fans» no es el tipo de cobertura mediática que a los artistas les gusta ver.

Las industrias del contenido intentan ahora encontrar modos más sencillos de desconectar a usuarios y páginas acusadas de infracción. Desde 2007, han estado alentando a las ISP a filtrar el acceso a internet de sus usuarios, bloquear el acceso a software P2P e implementar planes de «tres strikes», según los cuales se bloquea a los usuarios después de tres alegaciones (sin verificar) de infracción de copyright (http://www. eff.org/ les/ lenode/effeurope/ifpi_ ltering_memo.pdf). Las ISP que se han negado han recibido acusaciones de estar robándoles las ganancias a los músicos, e incluso se las ha animado (como hizo Bono, líder de U2, en un artículo de opinión para el New York Times) a liderar el rastreo de malhechores pertenecientes al gobierno Chino.

En el caso irlandés de EMI contra Eircom (2008), ciertos sellos musicales emprendieron acciones legales para exigir a una importante ISP que filtrase el intercambio de archivos por P2P. De haber ganado, no hay duda de que habría supuesto el bloqueo masivo de intercambios legítimos de archivos, pues las ISP no están facultadas para decidir si un uso específico de una obra protegida está autorizado o no. Se desestimó el caso cuando Eircom accedió a modificar los contratos con sus clientes para permitir que se desconecte a los usuarios que ignoren las advertencias de una presunta infracción de copyright.

La ISP británica Virgin Media accedió en 2008 a enviar cartas de advertencia a clientes que la Industria Fonográfica Británica identificaba compartiendo música ilegalmente. Sin embargo, ninguna de las partes ha publicado datos sobre si estas acciones han reducido el nivel de infracciones del copyright en la red de Virgin. Otras ISP británicas, como Carphone Warehouse, se han negado a participar en esta campaña «educativa».

Los titulares del copyright han estado ejerciendo presión sobre los políticos para que algunas medidas autorreguladoras sean obligatorias, con éxito parcial. Francia fue la primera en introducir la ley de los «tres strikes», con su loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet de 2009. Tras recibir tres alegaciones de infracción de un usuario en un periodo de 18 meses, una agencia del gobierno podría exigir a las ISP que suspendan la conexión de ese individuo de dos a 12 meses. La primera versión de la ley violaba la presunción de inocencia y los derechos a la libertad de comunicación y expresión, según el gabinete constitucional. La ley ha sido revisada y requiere de la presencia de un juez que decida sobre la suspensión del acceso al usuario en cuestión.

La Digital Economy Bill presentada actualmente en el parlamento británico permitiría al gobierno exigir a las ISP que introduzcan «medidas técnicas» para reducir la velocidad de conexión de un usuario, bloquearle el acceso a ciertas webs o suspender la conexión sin necesidad de supervisión judicial. No obstante, el proyecto de ley ha recibido críticas incluso de la industria musical por «no ser […] una ley racional o bien planteada», que están «intentando pasar a toda prisa en los últimos meses de un gobierno impopular» (http://newsblog. thecmuwebsite.com/post/Pure-Mint-boss-resigns-BPI-committee-over- Digital-Economy-Bill.aspx). El gobierno español ha introducido un proyecto de ley que permitiría al cuerpo administrativo exigir a las ISP que bloqueen webs comerciales que estén poniendo a disposición del público obras infractoras de copyright. Por otro lado, la coalición del gobierno alemán declaró recientemente: «No aceptaremos iniciativas que ofrezcan posibles modos jurídicos de bloquear el acceso a internet en casos de infracciones de copyright».

A nivel europeo, Viviane Reding —a punto de ser comisaria de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía— ha advertido a los países de la Unión que no desconecten a quienes están presuntamente compartiendo contenido. En noviembre de 2009, Reding avisó a la autoridad reguladora de telecomunicaciones en España que «la represión no resolverá por sí sola el problema de la piratería en internet; puede que en muchos aspectos incluso vaya en contra de los derechos y libertades que han sido parte de los valores europeos desde la Revolución Francesa».

No obstante, al mismo tiempo, la Comisión Europea está negociando en secreto un nuevo tratado contra las falsificaciones junto a EE.UU., Japón y otras naciones desarrolladas que exigiría una política de tres strikes. El texto del borrador es tan polémico que, el verano pasado, el representante comercial de Estados Unidos se negó a compartir una versión escrita con la comisión, que informaba en un memorándum filtrado de que «estos debates internos fueron delicados, dados los diferentes puntos de vista concernientes al capítulo de internet, tanto dentro de la Administración, con el Congreso y entre los accionistas (proveedores de contenido por un lado, partidarios de la «libertad» en internet por el otro)».

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Imágenes de abuso infantil

El uso de internet para la distribución de imágenes de abusos sexuales a niños es claramente abominable, igual que lo es fuera de las redes. Las ISP han estado bajo gran presión desde mediados de los 90 para intentar bloquear este contenido. La policía metropolitana de Londres amenazó en 1996 con incautarse de los servidores de las ISP británicas a menos que bloqueasen algunos foros de Usenet. Además de acceder a la petición, las ISP formaron la Internet Watch Foundation (IWF) para establecer unos parámetros de rastreabilidad de sus usuarios y operar un número de teléfono desde el que recibir avisos de individuos que hubieran encontrado imágenes ilegales de abusos.

Los propios analistas de la IWF deciden si las imágenes son ilegales de acuerdo con la ley británica. Después se pasan los informes a las ISP de Reino Unido, que retiran el contenido ilegal de sus servidores, y a la policía de otros países, por medio del Organismo contra la Delincuencia Organizada Grave, para ISP extranjeras.

A consecuencia de la enorme presión ejercida por el gobierno, la mayoría de las ISP de consumo en Reino Unido utilizan hoy día un sistema «Cleanfeed», desarrollado por la empresa British Telecom, para bloquear el acceso de clientes a páginas web en la lista negra de la IWF. El ministro británico de Interior, Vernon Coaker, dijo a la Cámara de los Comunes en marzo de 2009 que «el gobierno se ha comprometido a alcanzar un 100% de bloqueo en redes comerciales… Si ese enfoque no funciona, estamos considerando varias opciones alternativas, incluida la vía legislativa si es necesario». Sin embargo, en octubre de 2009 decidieron que la tasa de bloqueo «voluntario» del 98,6% hacía la legislación innecesaria.

El modelo británico de autorregulación se ha imitado ampliamente. Los números de teléfono existen en Australia, Canadá, Taiwán, Japón, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Estados Unidos y por toda Europa, aunque las listas de contenido ilegal están en control policial, en lugar de mediante organizaciones independientes. La Comisión Europea ha financiado la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet desde 1999 al amparo del programa «sobre la seguridad en internet».

La Comisión Europea también financia la red policial CIRCAMP, que ha desarrollado un sistema de bloqueo para ISP llamado Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter. Lo utilizan ISP de Dinamarca, Finlandia, Italia, Malta, Noruega y Suecia. Solo el gobierno alemán ha optado por reevaluar el plan, con un periodo de prueba de 12 meses enfocado en la retirada de material en el origen en lugar de exigir bloqueos a las ISP.

 El hecho de que las ISP bloqueen automáticamente, sin decisión judicial, el acceso a contenido web que figure en listas negras secretas supone un importante problema de libertad de expresión. En Reino Unido, a los usuarios que intenten acceder a páginas bloqueadas —incluidas las de webs como la Wikipedia o el Internet Archive— normalmente solo se les informa de que la página no existe. A los sitios web extranjeros no se les suele notificar, ni se les da la oportunidad de protestar contra la decisión de bloquearlos. La situación deja mucho que desear según los estándares estadounidenses de libertad de expresión, sobre los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de 1965 Freedman contra Maryland, dictaminó: «Solo un fallo judicial en un procedimiento contencioso asegura la sensibilidad necesaria para con la libertad de expresión, solo un procedimiento que requiera un fallo judicial valdrá para imponer una restricción final válida».

Se han filtrado varias listas negras de distintos países, y al parecer incluyen contenido legal, si bien en ocasiones de mal gusto. Se han publicado supuestas listas de bloqueo de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Tailandia. La lista de Australia al parecer incluía «portales de póker online, enlaces de YouTube, webs de porno gay y heterosexual, páginas sobre la eutanasia, páginas de religiones periféricas además de algunas concernientes al cristianismo y las páginas de inicio de empresas y médicos privados». La lista finlandesa incluía una web que criticaba el sistema finlandés de bloqueo y la lista de dominios bloqueados. Según el responsable del sitio, Matti Nikki, la policía nacional se ha negado a retirar la web de la lista negra, y un tribunal administrativo ha rechazado recibir su queja incluso después de que un fiscal rehusase presentar cargos contra Nikki por falta de pruebas (http://lapsiporno.info/english-2008–02–15.html).

 Recientemente, el gobierno belga ha criticado los procesos judiciales de bloqueo de sitios web por ser demasiado pesados. Su Unidad Federal de Crimen Informático detecta de 800 a 1.000 páginas con imágenes de abuso infantil cada año, pero raras veces recurre a los tribunales para hacer que las bloqueen. El ministro de empresa, Vicent Van Quickenborne, ha propuesto en su lugar un protocolo de autorregulación según el cual las ISP podrían bloquear contenido ilegal, incluidas páginas racistas, de odio y de fraude por internet, sin necesitar de una decisión judicial.

La Comisión Europea ha propuesto extender sistemas de bloqueo por toda la UE, por mucho que se estén acumulando las pruebas de que el impacto es mínimo sobre la distribución de imágenes de abuso infantil. Graham Watson, eurodiputado y antiguo presidente del comité de las libertades civiles del Parlamento Europeo, afirmaba en octubre de 2009 que «la protección de los niños es una cuestión de extrema importancia, pero esto no quiere decir que la comisión pueda proponer medidas que, además de ser totalmente inútiles, acarreen duraderas consecuencias para el derecho a la libertad de comunicación en Europa».

La lucha contra el terrorismo y la expresión «extremista»

Muchos estados europeos ven en internet un frente propagandístico en su «guerra contra el terror», y han prohibido la «glorificación», «apología» o «promoción pública» del terrorismo. Es muy difícil para los tribunales, por no mencionar los cuerpos de policía y las agencias administrativas, interpretar lenguaje tan vago en un área tan polémica, al mismo tiempo que protegen la libertad de expresión.

Desde 2007, Europol ha coordinado el programa «Check the Web» para monitorizar páginas web de extremismo islámico, y mantiene una lista de direcciones web y comunicados realizados por organizaciones terroristas. La propuesta inicial del proyecto sugería que «deben monitorizarse numerosas páginas web en una amplia variedad de idiomas, evaluándolas y, de ser necesario, bloqueándolas u obligándolas a cerrar»; no obstante, aún no es el caso. Los gobiernos alemán, neerlandés, checo y británico están investigando los aspectos prácticos en un programa de investigación que «aborde la prevención de contenido terrorista en internet». En su plan para los próximos cinco años, la Comisión Europea ha propuesto que, para reducir la amenaza terrorista, «han de facilitarse medios técnicos adecuados y debe mejorar la cooperación entre los sectores privado y público. El objetivo es restringir la diseminación de propaganda terrorista y el apoyo práctico a operaciones terroristas».

Varios estados miembros ya están hablando del uso de poderes para exigir a las ISP que bloqueen páginas extremistas. La Asamblea Nacional Francesa está debatiendo la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, que obligaría a las ISP a bloquear «sin demora» el acceso a páginas de una lista secreta en poder del ministerio del interior. El gobierno neerlandés ha aprobado un código de conducta que promueve que las ISP desarrollen criterios para eliminar material «indeseable» y «dañino». El gobierno británico no ha pronunciado palabra al respecto últimamente, pero en 2008 la por entonces ministra del interior Jacqui Smith declaró al canal Radio 4 de la BBC: «Tenemos que trabajar con los proveedores de servicios de internet, tenemos que usar de una vez por todas las lecciones que hemos aprendido sobre cómo proteger a nuestros hijos de los pedófilos y del acoso sexual en internet, para dar forma al modo en el que lo usaremos para prevenir el extremismo violento y hacer frente al terrorismo también».

Es relativamente sencillo definir qué es una imagen de abuso infantil. A la comunidad internacional le está costando encontrar una definición sólida de «terrorismo», por no hablar de su exaltación o fomento. Hasta la respetada abogada de derechos humanos Cherie Booth, consejera de la reina, llegó a ser acusada de fomentar el terrorismo por sus declaraciones de 2002 a la BBC: «Mientras los jóvenes sientan que su única esperanza es hacerse volar por los aires, nunca avanzaremos».

Los intentos por bloquear el acceso a material «extremista» en internet, por lo tanto, probablemente interfieran en gran medida con la capacidad de los usuarios para hablar sobre la situación en Afganistán, Irak y los territorios Palestinos, entre otros. El bloqueo sería de proporcionalidad cuestionable, dado su impacto limitado en ciertos usuarios. La reducción de la radicalización es un objetivo totalmente legítimo, pero en un estudio reciente de estrategias posibles, Tim Stevens y Peter R. Neumann llegaron a la conclusión de que bloquear páginas es «rudimentario, costoso y contraproducente».

Es fácil entender el atractivo que tienen las soluciones «autorreguladoras» para el gobierno y la industria frente a problemas sociales complejos, como lo son la infracción del copyright, las imágenes de abuso infantil y la radicalización de terroristas. Con ellas, podría creerse que los gobiernos están «haciendo algo», que a corto plazo podría resultar razonablemente efectivo, mientras reducen los costes policiales y el escrutinio de tribunales y cuerpos legislativos. Las ISP se llevan los aplausos por su «responsabilidad social» mientras eluden el peso de una regulación potencialmente más intensa.

El escrutinio parlamentario no es garantía automática de la calidad de una ley, especialmente cuando gobiernos como el del nuevo laborismo en Reino Unido se sirven de ella para «enviar mensajes» en lugar de tomar medidas efectivas y proporcionadas. El sistema judicial es de lenta reacción por necesidad frente a una tecnología y ambiente político que avanzan vertiginosamente, con casos clave que el Tribunal Europeo por los Derechos Humanos a menudo tarda una década en cerrar. Organismos intergubernamentales como la Unión Europea y el Consejo de Europa han actuado más rápidamente proponiendo nuevas medidas contra la distribución de archivos, imágenes de abuso infantil y discursos extremistas que para proteger los derechos fundamentales en la era de la información.

Con todo, son las mejores instituciones con las que contamos para proteger la libertad de expresión y los derechos vinculados a esta contra las acciones de gobiernos e industrias cortas de miras. El Consejo de Europa ha recomendado, tarde, que el bloqueo solo debería darse si «concierne a contenido específico y claramente identificable, si una autoridad nacional competente ha tomado una decisión sobre su ilegalidad y si la decisión puede revisarse por un tribunal u organismo regulador independiente e imparcial». Tras una batalla formidable entre varios estados miembros y el Parlamento Europeo, el paquete de Telecomunicaciones de la UE incluye protección específica para los derechos de los usuarios, según la cual:

Las medidas que tomen los Estados Miembros sobre el acceso o uso de los usuarios a servicios y aplicaciones a través de redes de comunicación electrónica respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales […] estas medidas […] solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática, y su implementación estará sujeta a garantías procesales adecuadas […] incluidas la protección judicial efectiva y un juicio justo.

Está ahora en manos de aquellos que se preocupan por los derechos humanos asegurarse de que estas protecciones fundamentales se hacen respetar. Legisladores, jueces y ciudadanos por igual pueden cumplir su papel para asegurarse de que internet apoya «el caos y la cacofonía» de la democracia. La alternativa sería permitir que la libertad de expresión en internet termine cayendo en un olvido autorregulado.

Gracias a Joe McNamee y Chris Marsden por conversar conmigo sobre la autorregulación en internet.

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Ian Brown es investigador senior en el Oxford Internet Institute (parte de la Universidad de Oxford). Desde 1998 ha sido consejero de diversas organizaciones: Privacy International, el Open Rights Group y FIPR y ha asesorado a Greenpeace y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

 

This article originally appeared in the spring 2010 issue of Index on Censorship magazine

Traducción de Arrate Hidalgo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Brave new worlds” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2010%2F03%2Fbrave-new-words-2%2F|||”][vc_column_text]Our special report explores how the internet not only makes it possible for authoritarian regimes to monitor citizens’ activities as never before, but also makes censorship acceptable, and even respectable, in democracies.

With: Rebecca MacKinnon, Rafal Rohozinski, Andrei Soldatov[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89164″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2010/03/brave-new-words-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

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La narrativa de una nación

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Tanto las virtudes como los peligros del patriotismo dependen de cómo se cuente la historia
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Soldados, pilotos de las fuerzas aéreas y marines desenrollan una bandera estadounidense en una ceremonia de apreciación del ejército en un partido de los New York Jets contra los New England Patriots el 13 de noviembre de 2011, Sargento Sandall A. Clinton/Flickr

Soldados, pilotos de las fuerzas aéreas y marines desenrollan una bandera estadounidense en una ceremonia de apreciación del ejército en un partido de los New York Jets contra los New England Patriots el 13 de noviembre de 2011, Sargento Sandall A. Clinton/Flickr

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La declaración del Doctor Johnson acerca de que el patriotismo es el último refugio del sinvergüenza degrada en cierto modo uno de los sentimientos humanos más explosivos que existen. La declaración en cuestión da por supuesto que un presidente o primer ministro astuto podría manipular el amor a la patria para sus propios y egoístas fines. O, también, que las masas son tan ignorantes, y tan ciega su fe, que lo único que tiene que hacer el sinvergüenza es ondear la bandera, hablar de sangre y terruño, y las patrióticas ovejas lo seguirán donde a él le plazca.

Ocurre que el patriotismo no es tan sencillo. El sentimiento patriótico es una mezcla de multitud de elementos, y el amor a la patria es tan complejo y dubitativo como cualquier otro tipo de amor. Crea una narrativa de vida colectiva. Cuenta una historia de lo que une a personas dispares, y tanto las virtudes como los peligros del patriotismo dependen de cómo se cuente la historia. Es decir, que no es una mera representación de una nación o una cultura en concreto: es una representación que se logra por medio de la narrativa. Los elementos destructivos del patriotismo se deben a imaginar que hay un desenlace, un clímax catártico de la historia de un pueblo o una cultura; esto es, el momento en el que un acto decisivo cumplirá su destino al fin. Y el peligro que nos ha enseñado la historia es que este desenlace narrativo supone demasiadas veces negar o destruir a otro pueblo para experimentar la catarsis.

Las narrativas del patriotismo que son destructivas, los tipos de desenlace que por un lado agreden a otros y por el otro parecen hacer realidad un elemento de su narrativa, sostienen en particular una potente promesa para con grupos humanos divididos internamente o desorientados por fuerzas ajenas a su control. Según éstas, el patriotismo es el último recurso de los confundidos.

La noción de que esta historia en curso de la disonancia que compartimos podría resolverse de algún modo con un catártico acto destructivo me parece un problema real en la experiencia patriótica, y marca la experiencia social del patriotismo de hoy.

Una gran crisis patriótica de mi juventud surgió entre quienes, como yo, resistimos la guerra estadounidense en Vietnam en los años 60 y 70. Entonces, como ahora, EE.UU. no era la máquina interna bien lubricada que a menudo imaginan los extranjeros. Por entonces, el país estaba sumido en una explosión racial, el boom tras la II Guerra Mundial se había frenado temporalmente y la clase obrera blanca comenzaba a sufrir. La prosperidad estadounidense era, como ahora, la prosperidad de las élites.

Cuando EE.UU. intervino de forma decisiva en Vietnam a mediados de los 60, nuestro país sí contaba con una narrativa patriota de largo recorrido: EE.UU. aparecía como rescatador, salvando a los extranjeros de aniquilarse unos a otros. Esa narrativa patriota había dado forma a la lucha en ambas guerras mundiales, y justificó los enormes costes de librar la Guerra Fría. Vietnam parecía tratarse de un capítulo más en esta historia consolidada. Cuando los soldados como el joven Colin Powell se adentraron en Vietnam, no tardaron en comprender que la narrativa del rescate no se correspondía con la realidad. El enemigo resultó ser un pueblo resuelto y comprometido con su causa. Los aliados por los que luchaban las tropas de EE.UU. resultaron ser una burocracia corrupta y odiada, y la propia estrategia estadounidense demostró ser incapaz de cumplir su promesa de rescate.

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De pronto, esta narrativa patriota, frustrada por una aventura extranjera, viró bruscamente. Viró contra los que protestaban contra la guerra desde casa. Las tropas estadounidenses se abastecían sobre todo de las filas pobladas por negros pobres y blancos sureños pobres. Los jóvenes universitarios de clase media evitaron en su gran mayoría el servicio militar. Estos, sin embargo, fueron los que más alzaron la voz contra la guerra. Eran, en principio, los amigos y portavoces de las tropas que sufrían en el extranjero. Pero la práctica del patriotismo resultó ser otra muy distinta.

Sabemos, gracias a la investigación de personas como Robert Jay Lifton y Robert Howard, entre muchas otras, que las tropas en realidad se sentían acosadas desde dos frentes: en lo local, en el terreno, por los vietnamitas, y en lo simbólico, en casa, por estos amigos que protestaban. A los vietnamitas los consideraban enemigos patrióticos, y a los manifestantes que protestaban contra la situación en la que habían metido a las tropas los acusaban de ser antipatrióticos. A medida que se desvanecía la posibilidad de una victoria decisiva en el terreno, la posibilidad de obtener una victoria arrolladora sobre los enemigos que tenían en casa se fue tornando un vivo deseo. En 1968, relata Howard, en pleno auge de las protestas contra la guerra, miles de miembros de las tropas estadounidenses llevaban un mensaje en el casco: «América: la amas o la dejas».

La sensación de haber sufrido una traición desde dentro fortaleció cierta determinación, cierta «fantasía», en palabras de Lifton. El gobierno debería tomar cartas en el asunto para hacer callar a estos enemigos de dentro, de forma que pueda validarse el proyecto patriota. Y, en Estados Unidos, fue ese deseo del público de que los políticos actuasen de forma decisiva para sofocar el desorden interno y las protestas lo que puso en el poder a la derecha de Richard Nixon.

Repaso esta parte de la historia, en parte, porque arroja luz sobre los complejos ingredientes del sentimiento patriótico. No es que las tropas estadounidenses y las clases obreras del país fueran unos desgraciados, sino que estaban profundamente confundidos. Dentro de la cáscara de la guerra contra un enemigo interno, estas personas imaginaban otra guerra sucediendo en su propia nación, librada contra los traidores que fingían ser amigos. El acto arrollador de esa pugna interna por validar la narrativa patriótica sería silenciar el desacuerdo.

También recuerdo este pasado porque tal vez les ayude a ustedes a entender parte de las dinámicas existentes hoy día en la sociedad estadounidense. El lenguaje que se utiliza hoy en Washington sigue siendo un lenguaje de rescate, de redención, del triunfo del bien sobre el mal; e, igual que entonces, el escenario para esta narrativa, el escenario estratégico, carece de claridad o propósito. Pero echemos un vistazo a la condición doméstica del superpoder estadounidense. He aquí un país fragmentado e inconexo internamente, más incluso que hace 40 años. Confuso, por supuesto, y ahora furioso por los ataques terroristas contra él. Un país cuyas divisiones internas de clase se han hecho mayores y cuyas divisiones raciales y conflictos étnicos siguen sin sanar.

Al contrario que en Reino Unido —y es algo que creo que se trata de una fuente de malentendidos anglo-europeos—, a la izquierda de EE.UU. le falta el rol tradicional de una oposición leal. Y he terminado por creer que algunos elementos de la izquierda estadounidense han aprendido demasiado bien la lección que esbozo a partir de Vietnam. Esta izquierda se ha silenciado a sí misma, por miedo a que la oposición los descubra como malos americanos. Así es como se internaliza este síndrome.

Pensar a través de la narrativa es, por supuesto, un elemento básico en la interpretación del mundo diario, así como del mundo del arte. Y las narrativas en el mundo diario, al igual que las narrativas en el arte, no acatan un único cúmulo de reglas. Como en la ficción, las historias compartidas en la vida diaria no tienen por qué terminar en actos catárticos que sean represivos o destructores. Y, en mi opinión, el patriotismo ya no necesita seguir un único curso. Si los defectos tácticos de la estrategia estadounidense actual son tan insalvables como los de la guerra de Vietnam —y yo creo que lo son—, el reto para nuestro pueblo (y me refiero al pueblo americano) consistirá en evitar lo que ocurrió en Vietnam, sorteando la búsqueda de una catarsis narrativa, cuando nos miremos unos a otros en busca de una resolución, una solución, un momento decisivo.

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Richard Sennett es Profesor de Sociología en la London School of Economics y en New York University. Esta es una versión editada de una charla presentada en el debate Index/Orange, Oxford, 2003.

This article originally appeared in the autumn 2003 issue of Index  on Censorship magazine

Traducción de Arrate Hidalgo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Rewriting America” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2003%2F09%2Frewriting-america%2F|||”][vc_column_text]Through a range of in-depth reporting, interviews and illustrations, the autumn 2003 issue of Index on Censorship magazine looks at the most powerful country in the world through the words of the people who know it best.

With: Tim Asher, Joel Beinin, Ioli Delivani[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”90596″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2003/09/rewriting-america/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

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Detectives digitales

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La tecnología de fácil manejo está ayudando a los periodistas africanos en sus investigaciones, incluso con presupuestos limitados, informa Raymond Joseph
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En África, los drones se están utilizando en nuevos estilos de periodismo, Mavik/Flickr

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En lo más profundo de la provincia de Mpumalanga, al extremo noreste de Sudáfrica, un periódico sin apenas recursos está utilizando una combinación de alta tecnología y sistemas más rudimentarios para mejorar las vidas de las comunidades a las que abastece. También ha introducido una forma de hacer periodismo pionera e innovadora, que no solo sitúa a sus lectores al centro de su cobertura, sino que también los involucra directamente en las operaciones de recopilación de noticias.

Lo que está haciendo este periódico supone una lección para medios de comunicación más establecidos que buscan nuevas fuentes de ingresos no tradicionales, y los cuales, en la era del periódico digital y en red, lo están pasando mal para sobrevivir y no perder relevancia.

Ziwaphi, este periódico de carácter comunitario, se distribuye a comunidades en el distrito Nkomazi, situado en el epicentro de la pandemia de sida en Sudáfrica, donde hay poco acceso a la cobertura informativa. Uno de los mayores problemas de la zona son las corrientes contaminadas con aguas residuales. Las mujeres y niñas pasan horas cada día recogiendo agua de los ríos para beber, cocinar y lavar, pero a menudo estos ríos también se utilizan para el vertido de residuos humanos. Esto hace que en ocasiones se disparen los casos de E. coli, provocando diarreas. Y, cada pocos años, hay un brote de cólera.

Gracias a una subvención y a la asistencia técnica de African Media Initiative (AMI), punta de lanza de las iniciativas por arraigar el periodismo de datos en las redacciones africanas, Ziwaphi está colocando smartphones viejos, metidos en botellas de plástico transparente, en ríos de la zona. Los teléfonos funcionan como rudimentarios microscopios electrónicos, al utilizar sus cámaras para sacar fotos corrientes con flash. Después, se recogen estas fotografías, se magnifican y se comparan con imágenes de una base de datos existente para detectar niveles peligrosos de E. coli. Luego se envían los resultados a las residentes por SMS, informándolas de dónde es seguro recoger agua.

Cerrando el círculo, el periódico analiza los datos en tiempo real para detectar tendencias e incluso, con suerte, triangular las fuentes de contaminación.

Una vez al mes, Ziwaphi publica un análisis detallado basado en los resultados que se comparte con otros periódicos de la comunidad y con las emisoras de radio locales. Así esperan que la información pueda empoderar a la gente de la región y obligar al gobierno a abastecerla de agua limpia y servicios de saneamiento. Los lectores de Ziwaphi también ayudan a recolectar información por medio de una app móvil de avisos de ciudadanos, que complementa así los datos de los smartphones con relatos de testigos sobre los impactos de la polución y las posibles fuentes de contaminación.

«El total del proyecto solo costó 20.000 dólares, incluido un modesto salario para un reportero especializado en salud a tiempo completo durante un año», explica Justin Arenstein, encargado de estrategia para AMI. «Pero lo importante, desde un punto de vista de sostenibilidad mediática, es que Ziwaphi está utilizando el proyecto del agua para construir el esqueleto digital que necesitará para sobrevivir en el futuro próximo».

Hasta hace poco, África se encontraba a la zaga del resto del mundo en lo concerniente a internet por los altos costes de acceso. Hoy, el despliegue de nuevos cables submarinos está contribuyendo a abaratar el coste de la conectividad, especialmente en el este y el sur del continente. Esto ha dado pie a una nueva y emocionante era periodística, con una explosión de ideas e innovaciones que están produciendo herramientas para lo que se han venido a denominar «noticias útiles». Los medios tradicionales están intentando conectar cada vez más con la ciudadanía, involucrarla en la búsqueda de noticias y en los procesos de producción de contenido. El proyecto de los móviles en botellas es un ejemplo de lo que se puede conseguir con recursos limitados.

En Kenia, Radio Group, la tercera entidad mediática en tamaño, ha puesto en funcionamiento Star Health, el primero en una serie de kits de herramientas para ayudar a los lectores a comprobar fácilmente la reputación de los médicos y descubrir si alguna vez han sido declarados culpables de negligencia. Se dio un caso en el que un hombre que estaba ejerciendo como médico resultó ser veterinario.

La plataforma, que ha demostrado ser todo un éxito en un país en el que los doctores poco fiables son un problema extendido, también ayuda a los usuarios a localizar especialistas médicos en su centro de salud más cercano. Además, puede utilizarse para comprobar qué medicinas están cubiertas por el sistema nacional de salud. Es de destacar que los resultados de las consultas en Star Health se envían a través de un servicio Premium de SMS que genera un flujo de ingresos crucial en estos tiempos en los que los medios de comunicación se han visto obligados a diversificar modelos de financiación ajenos a la publicidad y, en algunos casos, a la venta de ejemplares.

«Estas herramientas no reemplazan al periodismo tradicional, sino que mejoran el reportaje periodístico al ayudar a los lectores, por ejemplo, a descubrir cómo una noticia nacional sobre médicos estafadores les afecta personalmente», indica Arenstein. Las noticias han de ser personales y prácticas, y deberían convertirse en parte importante de las estrategias de transformación digital de los medios de comunicación, subraya.

La realidad del periodismo hoy día es que, aunque los medios de difusión no cuenten con el público masivo de los medios tradicionales, cualquier persona con un smartphone o conocimientos digitales básicos puede convertirse en «editor».

En Nigeria, por ejemplo, la comunidad online Sahara tiene más de un millón de seguidores en redes sociales, muchos más que muchas entidades tradicionales. El reto en un futuro será para las redacciones, que habrán de aprovechar estas redes comunitarias sin perder de vista el hecho de que la voz de la ciudadanía ha de seguir siendo central.

Un proyecto pionero en la aislada región nigeriana del Delta ha visto trabajar a los medios convencionales junto a una red ya existente de información ciudadana, Naija Voices, en la introducción de drones a control remoto con cámaras incorporadas que detecten y vigilen posibles vertidos de crudo destructivos del medio ambiente. El plan es distribuir las grabaciones a los principales canales de televisión y a periódicos colaboradores en Lagos y Abuja. Esto facilitará a la prensa un alcance sin precedentes a partes del país que hasta ahora han sido prácticamente inaccesibles.

Los drones de alas fijas son relativamente baratos y fáciles de manejar, pero también se estrellan de vez en cuando. «Conseguir partes nuevas, como las alas o piezas del fuselaje, sería caro y llevaría mucho tiempo, así que estamos experimentando con impresoras 3D para generar piezas in situ y según las necesitemos», explica Arenstein.

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Este experimento de información ciudadana parte de la labor de AfricaSkyCam, que lleva un año experimentando con drones en Kenia como parte de «la primera cámara aérea para una sala de redacción africana». SkyCam usa drones y globos equipados con cámaras para ayudar a los medios que no pueden permitirse helicópteros a cubrir noticias de última hora en situaciones peligrosas o ubicaciones de difícil acceso.

En Sudáfrica, el Oxpeckers Center for Investigative Environmental Reporting está utilizando «geo-periodismo» y otras técnicas de mapping para amplificar el alcance de su labor periodística y analizar noticias como la caza furtiva de rinocerontes y la caza de leones en recintos cerrados —se crían leones mansos para que adinerados cazadores de trofeos les disparen—. Las investigaciones ayudan a desvelar tendencias o vínculos con sindicatos del crimen, y a la cobertura de Oxpeckers Center se ha atribuido el fomento de una reciente prohibición de la caza en recintos cerrados en Botswana. También han contribuido a la redacción de leyes sobre el comercio de productos del rinoceronte y otras especies salvajes en China y Mozambique.

Pero lo cierto es que las redacciones africanas con pocos recursos no suelen contar con la tecnología ni los conocimientos digitales para construir nuevas herramientas online.

Es por ello por lo que el programa de innovación digital de AMI —e iniciativas similares por parte de Google, la fundación Bill & Melinda Gates y benefactores de menor envergadura como Indigo Trust— están construyendo sistemas de apoyo externo para ayudar a las redacciones de estos medios a dar el salto a un futuro digital.

Estos donantes también se están centrando en introducir los nuevos enfoques del periodismo de datos en medios tradicionales. Están ayudando a los periodistas a utilizar información digital de acceso público, proveniente de fuentes como censos o presupuestos del gobierno, para construir herramientas que asistan a la ciudadanía en la toma de decisiones más informadas sobre problemas que que les afectan a diario.

Entre quienes están ayudando a impulsar este enfoque desde las nuevas tecnologías está Code for Africa, una red de laboratorios tecnológicos municipales para países de todo el continente que tienen como objetivo fomentar la innovación y trabajar con medios y redes de periodismo ciudadano, de modo que puedan superar la brecha digital.

Code for South Africa (C4SA) está ayudando a todos, desde el periódico Ziwaphi —con sede en un barrio marginal producto del apartheid— y su proyecto de alertas de cólera, hasta medios nacionales de comunicación, como el Mail & Guardian o el City Press.

«Los medios saben que están en crisis. Ven amenazado su modelo de negocio basado en la publicidad a medida que su público se pasa a internet, pero la innovación digital sigue siendo difícil de vender», afirma Adi Eyal, director de C4SA. «El progreso es horriblemente lento porque muchos dueños de medios africanos se muestran indecisos a la hora de invertir sin antes saber cómo generarán ingresos estos nuevos modelos.

»A consecuencia de ello, la mayoría de lo que las redacciones sudafricanas llaman periodismo de datos de producción propia, en realidad, no es más que visualización. Están creando muy poca información útil y prácticamente nada en lo que se refiere a herramientas informativas que la gente pueda usar en la toma de decisiones. La inversión en un solo proyecto es significativa, así que es importante que las herramientas que se están elaborando sean duraderas, para que las redacciones puedan utilizarlas para informar sobre problemas y la gente pueda actuar».

El progreso será extremadamente lento, pero aun así los cimientos se van colocando poco a poco, a medida que los «rizomas» —conjuntos de datos de todas partes de África— se recolectan y cotejan en el portal African Open Data, para que sean utilizados tanto por periodistas de redacción como por gente que sepa programar. Tener estos datos supone la posibilidad de crear aplicaciones y herramientas que servirán para construir comunidades y generar ingresos.

C4SA también está construyendo la infraestructura «invisible» de soporte para ayudar a las redacciones a construir nuevas herramientas de forma rápida y barata. Esto incluye el apoyo a iniciativas como OpenAfrica, que ayuda a las redacciones a digitalizar y extraer datos de documentos fuente. C4SA también ha construido una serie de interfaces de programación de aplicaciones (API) de lectura mecánica ricas en datos que los periodistas pueden incorporar fácilmente a sus apps de móvil o páginas web. Las API accionan herramientas como WaziMap, que utiliza censos, elecciones y otros datos para ayudar a los periodistas a investigar a fondo las estructuras de las comunidades a nivel de distritos locales. Cada uno de estos recursos es una herramienta no solo para los medios, sino también para activistas ciudadanos y vigilantes del interés público, afirman Arenstein.

En una columna reciente sobre el futuro de los periódicos, Ferial Haffajee, editor de City Press, un periódico dominical sudafricano que está pasando por dificultades para reinventarse en la era digital, escribía: «Nada es lo que era. Casi nada es lo que parece. Tenemos un futuro, y es muy seductor». Y solo hace falta ver los smartphones en botellas y los drones impresos en 3D para entender que este futuro se está convirtiendo, redacción a redacción, proyecto a proyecto, en realidad.

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Raymond Joseph es un periodista independiente con base en Ciudad del Cabo. Está en el consejo de Big Issue Sudáfrica y tuitea en @rayjoe

This article originally appeared in the autumn 2014 issue of Index on Censorship magazine

Traducción de Arrate Hidalgo

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With: Iona Craig, Taylor Walker, Will Gore[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80562″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2014/09/seeing-the-future-of-journalism/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

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