MAGAZINE
Sol y capital
31 Jul 2019
BY DAVION SMITH

Con ocasión de las nuevas medidas aprobadas por Reino Unido para abordar el blanqueo de capitales en las Islas Vírgenes Británicas, Davion Smith trata otros problemas de secretismo que dificultan los esfuerzos de los reporteros por descubrir la verdad

Davion Smith

British Virgin Islands (Photo: Wikimedia Commons)

Al formar los expatriados una parte considerable de la población de las Islas Vírgenes Británicas, apenas hay naturales del país entre los periodistas que trabajan en la prensa generalista local. Procedentes de naciones con una legislación de libertad de información firmemente instaurada, se encuentran con una sociedad en la que el acceso a datos está complicado. Esto se debe a que, a día de hoy, aún no existen leyes de la información en este territorio británico de ultramar, pese a las peticiones de que se implementen.

Pocas personas conocen las dificultades asociadas a la ausencia de dichas leyes tan bien como Zan Lewis, un periodista para la televisión que lleva 18 años informando en la zona.

«Siempre ha sido difícil conseguir información, sobre todo cuando intentas hacerlo a través del Gobierno. Es bien sabido que el Gobierno tiende a cribar los datos», comenta.

El protocolo cultural para la obtención de datos sobre cuestiones gubernamentales y expedientes públicos normalmente dicta que los periodistas contacten con los departamentos responsables en cada caso. Después, el reportero en cuestión ha de dirigirse a funcionarios que a menudo se muestran cautelosos sobre facilitar información de cualquier tipo.

Esta implacable reticencia está arraigada en el miedo de los funcionarios a represalias del Gobierno, que podrían resultar en perder su empleo; por ello, a veces, para eludir las preguntas de los reporteros, los funcionarios utilizan la expresión: «Nos han ordenado que no hablemos con los medios».

«Probablemente tengan datos que sean públicos y nadie esté intentando esconder —dice Freeman Rodgers, editor del periódico BVI Beacon—. Pero, al no existir un sistema claramente definido o una ley que diga ‘esto es conocimiento público’ y ‘esto no lo es’, creo que los funcionaros tienen a pecar de precavidos y normalmente prefieren no darte la información que estás buscando».

Naturalmente, no todo tipo de información es necesariamente inofensiva, y al no existir libertades definidas en ese respecto, es difícil identificar dónde empieza la corrupción.

El país ya ha sido testigo de un escándalo —si bien uno ajeno al control del Gobierno— en el que la dificultad de acceso a información fue fundamental. Estas pequeñas islas del Caribe, con una población de unos 30.000 habitantes, aparecieron directamente involucradas en las revelaciones de 2016 sobre paraísos fiscales, conocidas como Papeles de Panamá. El mes pasado se anunció que los territorios británicos de ultramar, las Islas Vírgenes incluidas, estarían obligados a revelar las identidades de los propietarios de compañías con sede allí desde que Reino Unido aprobara nuevas medidas para abordar el blanqueo de capitales y la corrupción. La medida las obligará a hacer públicos los nombres de los dueños de todas las empresas registradas allí antes del fin de 2020.

También en mi caso he visto ejemplos de cómo contactar con departamentos gubernamentales en busca de expedientes ha resultado en clásicos casos de cargarle el muerto a otra persona. Una vez me dirigieron al ministro al cargo del tema. El ministro quería mandarme donde el secretario permanente del ministerio, que a su vez me indicó que acudiera al responsable de subdirección. Poco después, y sin haber hecho muchos progresos, me volvieron a desviar al ministro del principio.

En estas circunstancias, las operaciones de investigación relacionadas con el Gobierno local han resultado a veces en reportajes muy superficiales. Los periodistas virgenenses, que practican su labor en lo que podría describirse como un entorno mediático antipático, dependen de la información facilitada por chivatos que a menudo insisten mantener el anonimato. Esto ha llamado la atención del primer ministro de las Islas Vírgenes, Daniel Orlando Smith, que ha señalado los casos en aumento de denuncias anónimas y concluido por lo tanto que, en efecto, sí existe “libertad de información” en el territorio.

«Hasta cuando no hago público un documento acaba saliendo a la luz: eso es libertad de información», aducía en una de sus intervenciones en una conferencia de prensa a principios de año.

Pese a la ausencia de estas leyes fundamentales, y pese a las dificultades que ello conlleva, tanto Freeman como Lewis han dado parte de una mejora en las circunstancias para acceder a información en las islas estos últimos años. Le atribuyen esta mejora al auge del llamamiento por una legislación que garantice la libertad de información.

«Hace 12 años, cuando llegué, no dejábamos de pedirlo. Al principio parecía que no nos escuchaba nadie, pero ahora creo que hay quienes han empezado a hacerlo, y que la gente está empezando a darse cuenta de su importancia. Creo que eso ha ayudado a que la información sea más accesible», cuenta Freeman, que emigró desde EE.UU. para trabajar en las islas.

A lo largo de los años, los llamamientos a la legislación han provenido del antiguo comisionado de denuncias, el ya fallecido Elton Georges, y del exgobernador John Duncan, entre otros.

Augustus Jaspert, recientemente nombrado Gobernador de las Islas Vírgenes Británicas, ha puesto la instauración de dicha ley sobre la mesa. El pasado marzo, en su “Discurso desde el Trono” —una tradición con la que el Gobierno expone ante el parlamento los próximos puntos por tratar en su programa—, Jaspert prometió introducir un proyecto de ley de libertad de información en la Asamblea Legislativa del territorio antes de concluir el año.

«Esta legislación permitirá una mayor transparencia y más responsabilidad en cuanto a asuntos públicos —dijo—. El proyecto de ley incluye la recomendación de instaurar una Unidad de Libertad de Información que facilite al público los mecanismos administrativos adecuados para realizar y recibir solicitudes».

Sin embargo, esta no es la primera vez que se promete una propuesta de ley de este tipo. Según la hemeroteca del BVI Beacon, las promesas de instaurar dicha ley se remontan a 2004.

El periódico dio parte de una Comisión de Reforma Legislativa que en 2004 emitió un informe al Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas en el que recomendaba legislación concerniente a la libertad de información.

Desde aquello ha habido dos administraciones en el poder, ninguna de las cuales parece haber avanzado en absoluto en la implementación de la ley. Y, mientras las islas siguen demorándose en la tarea, el Gobierno actual ha de hacer frente a numerosas críticas sobre su falta de transparencia y evasión de responsabilidades.

Cabe reconocer el mérito de las críticas, dado que la prensa —y, por extensión, el público— lleva alrededor de una década incapaz de realizar un escrutinio exhaustivo de las operaciones del Gobierno de las islas. En 2017 se marcaron unos 10 años desde que el Gobierno produjera su último informe o auditoría financiera, y se halla actualmente en el proceso de preparar informes de carácter retroactivo.

Las críticas han surgido desde la propia administración de Smith, con la consiguiente división que ha provocado entre miembros del Gobierno. Según un reportaje online de BVI News, de marzo de 2018, ciertos miembros del Gobierno declararon que el primer ministro del país habría iniciado ciertas actividades en departamentos y ministerios «sin el conocimiento o consentimiento de los ministros constitucionalmente responsables de esas cuestiones».

El Gobierno también ha recibido críticas de la oposición parlamentaria. Otras naciones caribeñas, como San Cristóbal y Nieves, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago o la República Dominicana ya han implementado leyes de libertad de información.

En vista de lo que puede describirse como ejemplos flagrantes de gestión cuestionable en las Islas Vírgenes Británicas, las demandas de una legislación por la libertad de información se están incrementando. Este aumento es bienvenido entre la pequeña fraternidad de periodistas que defienden la capacidad de la libertad de información para promover la asunción de responsabilidades, la transparencia y el buen gobierno.

Davion Smith es reportero para BVI News. Vive en la isla de Tórtola.

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