31 Jul 19 | Journalism Toolbox Spanish, Kenya
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”El periodista keniano Yassin Juma permanece oculto desde su arresto por informar sobre los atentados de Al-Shabab. En su primera conversación telefónica desde que pasara a la clandestinidad, Juma habla con Ismail Einashe sobre el aumento de las amenazas que sufren los periodistas en Kenia.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
La noche del 23 de enero de este año, un sábado, el periodista Yassin Juma estaba enfermo en casa, acostado. Salió de su hogar en Donholm, un distrito de Nairobi, para comprar medicinas en la farmacia de su barrio de la capital keniana. Desde allí se acercó dando un paseo a su carnicería local. Al poco rato de llegar al comercio fue detenido por cuatro hombres del departamento de investigación criminal (CID), una unidad de la policía keniana.
Los hombres escoltaron a Juma a su casa, donde se encontró a 14 personas del CID registrándola de arriba a abajo delante de su esposa e hijos. “Buscaban aparatos electrónicos, ordenadores portátiles”, explica a Index. Juma es un veterano periodista de investigación, conocido por sus noticias sobre la guerra contra Al-Shabab, el grupo militante islamista con base en Somalia.
Su arresto vino a raíz de haber publicado en sus redes sociales las últimas noticias sobre un atentado de Al-Shabab contra las Fuerzas Armadas de Kenia (KDF) en El Adde, Somalia. El 18 de enero hizo públicas las muertes de 103 soldados de las KDF en el lugar tres días antes en un ataque de los militantes. Juma, que llevaba años informando sobre el conflicto, afirma que cuenta con una fuente fiable dentro de las KDF que confirmaba la noticia.
Pero sus publicaciones se contradecían con las declaraciones oficiales de las KDF. Unos días antes, Joseph Nkaissery, secretario del gabinete de interior y general retirado, había advertido públicamente que se arrestaría por simpatizar con Al-Shabab a todo aquel que hiciera circular información sobre los soldados de las KDF muertos en los atentados de El Adde.
Bajo la presidencia de Uhuru Kenyatta, hijo del primer presidente de Kenia, el estado ha estado apoyándose en la ley para incriminar y silenciar a periodistas. Henry Maina, director de las secciones de África oriental y el Cuerno de África de la ONG Article 19, especializada en libertad de expresión, dice: “Había muchas leyes en los códigos pero apenas se utilizaban para incriminar a los periodistas”. El artículo 29 de la Ley de Información y Comunicación criminaliza el “uso indebido de un sistema autorizado de comunicación”, refiriéndose a la publicación en internet de información que las autoridades consideren ilegal.
El 19 de enero arrestaron al bloguero Eddy Reuban Ilah, acusado, según dicha ley, de compartir en un grupo de WhatsApp imágenes de soldados de las KDF muertos en El Adde. Juma se enfrentó a cargos similares por el “uso indebido de un aparato de telecomunicaciones”. Había compartido una entrada de Facebook del hermano de un soldado de las KDF, de origen keniano-somalí, muerto en el atentado. Lo acusaban de haber compartido dicha entrada con sus seguidores sin el permiso de las KDF. Juma cree que tácticas como esta son un “método clásico para silenciar a los periodistas”.
Para los periodistas kenianos, los nuevos medios de difusión se han convertido en una herramienta clave de su arsenal informativo. Juma, por ejemplo, tiene 19.000 seguidores, y utiliza las redes sociales para sortear los medios tradicionales y conectar directamente con su público. Explica que, durante los atentados en El Adde, “la gente estaba ansiosa por enterarse de lo que estaba pasando” y, sin embargo, los medios de comunicación generalistas no estaban cubriendo el incidente. “Las redes sociales me dieron la oportunidad de ofrecer información a las familias y al público en general”, explica a Index.
El gobierno keniano ha negado querer intimidar o silenciar a los periodistas. Nkaissery, secretario del interior, declaró a la web de actualidad African Arguments que el gobierno respeta a los medios independientes y la libertad de expresión, si bien añadió que esta “libertad ha de disfrutarse de forma responsable”.
Kenia gozaba de la reputación de ser uno de los entornos más libres para el periodismo en África oriental, pero esa percepción está cambiando rápidamente. Este año, el gobierno de Kenyatta ha tomado medidas brutales contra las libertades de prensa.
Según el Observatorio de los Derechos Humanos, los esfuerzos del país por combatir las amenazas a su seguridad tras varios graves atentados terroristas de Al-Shabab se han visto “oscurecidos por ciertas tendencias en curso de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas kenianas de seguridad, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o torturas”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia afirma haber registrado 81 “desapariciones forzadas” desde 2013.
Maina asegura que Article 19 ha visto un aumento acusado de los riesgos y ataques sufridos por los periodistas en Kenia. Entre enero y septiembre de 2015, Article 19 registró 65 casos de reporteros y usuarios de redes sociales víctimas de agresiones en 42 incidentes distintos, casos de violencia física incluida, además de amenazas por teléfono y SMS, citaciones de la policía y restricciones legales. De todos esos incidentes, 22 casos estaban vinculados a periodistas que cubrían historias de corrupción, 12 de protestas y ocho de terrorismo y crímenes. Maina añade que solo en tres de los 42 casos se ha realizado una investigación y llevado a los responsables a los tribunales. En total suman el 7%, cosa que Maina considera “un nivel inaceptable de impunidad en lo que a ataques contra periodistas se refiere”.
Maina reconoce que la censura internacional a la que ha estado sometida la ley ya ha contribuido a mejorar la situación, y que el Tribunal Supremo keniano decidió hace poco que el artículo 29 de su ley de información y comunicación era inconstitucional. “Algunos blogueros y comunicadores de redes sociales que se enfrentaban a cargos según el artículo impugnado han visto cómo estos se retiraban, y han sido absueltos en los casos en los que no había más pruebas que permitieran acciones judiciales para acusarlos de otros delitos.
“Dado nuestro sistema legal, todos los casos similares se cerrarán en el próximo juicio programado. No se han registrado más situaciones de blogueros y reporteros acusados bajo el artículo 29 de la ley”.
De su casa, Juma fue conducido a la comisaría de Muthaiga, donde lo interrogaron sobre su trabajo periodístico. Explica: “Tenían mi teléfono; querían saber quiénes eran mis contactos en Somalia”. Lo retuvieron durante dos días, tras lo cual un agente entró en su celda y anunció: “Ha habido un cambio de planes”. Lo liberaron sin cargos poco después.
Juma volvió a casa, pero, al cabo de un tiempo, temiendo más repercusiones, decidió huir y esconderse con su familia. “Esta es la primera llamada que hago. Vivimos en la clandestinidad”, cuenta. Juma está acostumbrado a que lo amenacen por su trabajo periodístico, pero lo que ha cambiado en los últimos años, dice, es lo graves que se han vuelto las amenazas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ismail Einashe es un periodista independiente afincado en Londres. Tuitea desde @IsmailEinshe
Traducción de Arrate Hidalgo Sánchez[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 19 | Journalism Toolbox Russian, Kenya
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Кенийский журналист Ясин Джума продолжает скрываться после своего ареста за репортажи о нападениях «Аш-Шабааб». В своем первом телефонном звонке с тех пор, как он ушел в подполье, Джума беседует с Исмаилом Эйнаше о возрастании количества угроз журналистам в Кении”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full”][vc_column_text]
Вечером субботы 23 января этого года журналист Ясин Джума лежал дома больной в постели. Он вышел из своего дома (район Донхольм, Найроби, столица Кении), чтобы купить лекарства в местной аптеке. Оттуда он совершил короткую прогулку к местным мясникам. Но вскоре после прихода в магазин его остановили четыре сотрудника отдела уголовного розыска (ОУР), подразделения кенийской полиции.
Джума был доставлен в сопровождении охраны обратно домой, где обнаружил 14 человек из ОУР, обыскивающих его жилище на глазах у жены и детей. «Они искали электронное оборудование, ноутбуки», – рассказал Джума «Индексу». Джума – опытный журналист-расследователь, известный своими репортажами о борьбе против «Аш-Шабааб», базирующейся в Сомали исламистской группы боевиков.
Его арестовали за публикацию в своих аккаунтах социальных сетей новостей о нападении «Аш-Шабааб» на Кенийские силы обороны (КСО) в Эль-Адде в Сомали. 18 января он сообщил, что 103 солдата КСО были убиты там тремя днями ранее в результате нападения со стороны боевиков. Джума освещал этот продолжающийся конфликт в течение многих лет и рассказал, что у него есть надежный источник в КСО, подтверждающий эту историю.
Но его сообщения противоречили официальным заявлениям КСО. Несколько днями ранее министр внутренних дел и отставной генерал Джозеф Нкайссери публично предупредил, что каждый, кто будет распространять информацию о солдатах КСО, убитых во время нападений в Эль-Адде, будет арестован за симпатии к «Аш-Шабааб».
При президенте Ухуру Кениате, сыне первого президента Кении, возглавляемое им государство использует законы для того, чтобы обвинять журналистов и заставить их замолчать. Генри Майна, директор по вопросам свободы слова в Восточной Африке и на полуострове Сомали неправительственной организации «Статья 19», заявил: «Многие законы были внесены в действующее законодательство, но редко использовались для обвинения журналистов». Статья 29 «Закона об информации и коммуникации» предусматривает уголовную ответственность за «ненадлежащее использование лицензионной системы связи», что, по мнению властей, означает публикацию информации в интернете, которая считается незаконной.
19 января блогер Эдди Рубен Илах был арестован по этому закону и обвинен в том, что он распространил в группе мессенджера WhatsApp фотографии убитых в Эль-Адде солдат КСО. Джума столкнулся с аналогичным обвинением за «незаконное использование телекоммуникационного устройства»: он поделился постом в Facebook брата убитого
в Эль-Адде кенийско-сомалийского солдата КСО. Обвинение заключалось в том, что он поделился этим постом со своими подписчиками без разрешения КСО. Джума считает, что такая тактика – «классический способ заставить журналистов молчать».
Для кенийских журналистов новые медиа стали ключевым инструментом в их репортерском арсенале. У Джумы, например, 19 000 Facebook-подписчиков и он использует социальные сети, чтобы обойти традиционные СМИ и напрямую связаться со своей аудиторией. Во время нападений в Эль-Адде он заявил, что «общественность очень хотела узнать, что происходит», однако центральные СМИ не освещали этот инцидент. «Социальные сети дали мне возможность предоставлять информацию общественности и семьям солдат», – рассказал он «Индексу».
Правительство Кении отрицает, что пытается запугать или заставить журналистов замолчать. Министр внутренних дел Нкайссери сообщил сайту текущих событий African Arguments, что правительство уважает независимые СМИ и свободу слова, добавив при этом, что
«такой свободой следует пользоваться ответственно».
У Кении была репутация государства в Восточной Африке с большей свободой для СМИ, но сегодня эта точка зрения меняется. В этом году правительство Кениаты жестоко расправилось со свободой прессы.
Согласно «Хьюман Райтс Вотч», после нескольких крупных террористических атак со стороны «Аш-Шабааб» усилия Кении в борьбе с угрозой государственной безопасности были «омрачены продолжающимися случаями серьезных нарушений прав человека со стороны КСО, включая внесудебные казни, произвольные задержания и пытки». Кенийская национальная комиссия по правам человека заявляет, что с 2013 года зафиксировано 81 «насильственное исчезновение».
Майна рассказал, что «Статья 19» наблюдает резкое увеличение количества рисков и нападений на журналистов в Кении. В период с января по сентябрь 2015 года «Статья 19» зарегистрировала 65 нападений на отдельных журналистов и пользователей социальных сетей – среди них 42 случая, включающие акты
физического насилия, а также угрозы по телефону и в виде текстовых сообщений, вызовы в полицию и правовые ограничения. Из этих инцидентов 22 случая касались журналистов, освещающих коррупцию, 12 – протесты и восемь – терроризм и преступления. Майна добавляет, что только три случая из 42 дел были расследованы, а виновные преданы суду. Эти 7%, по его словам, отображают «неприемлемо высокий уровень безнаказанности в отношении нападений на журналистов».
Майна признает, что международная критика этого закона уже привела к улучшению ситуации, и что Высокий суд Кении недавно постановил, что статья 29 «Закона об информации и коммуникации» является неконституционной. «Некоторым блогерам и активным пользователям социальных сетей, которым предъявили обвинения в рамках оспариваемой статьи, обвинения были сняты при отсутствии других доказательств, позволяющих стороне обвинения инкриминировать им совершение других преступлений, в отношении которых они были оправданы».
«Учитывая нашу правовую систему, все подобные случаи будут сняты с рассмотрения тогда, когда они будут запланированы для слушания в следующий раз. Новых дел о блогерах и журналистах, обвиняемых по статье 29 «Закона об информации и коммуникации», зарегистрировано не было», – отметил он.
Из своего дома Джума был доставлен в полицейский участок Мутайги, где его допросили касательно сообщений в социальных сетях. Он рассказал: «У них был мой телефон, они хотели узнать о моих связях в Сомали». Журналиста продержали два дня, затем офицер вошел в его камеру и объявил: «Планы изменились». Вскоре после этого, его выпустили без предъявления обвинения.
Джума вернулся домой, но, опасаясь дальнейших преследований, позже скрылся со своей семьей. «Это мой первый звонок, мы ушли в подполье», – сообщил он «Индексу». Джума привык получать угрозы за свои репортажи, но, по его словам, в последние годы угрозы стали более серьезными.
Исмаил Эйнаш – журналист-фрилансер из Лондона. Он пишет в Твиттере на аккаунте @IsmailEinshe
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
21 May 18 | Digital Freedom, European Union, Germany, News and features, Russia, United States
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”85524″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]For around six decades after WWII ideas, laws and institutions supporting free expression spread across borders globally. Ever more people were liberated from stifling censorship and repression. But in the past decade that development has reversed.
On April 12 Russian lawmakers in the State Duma completed the first reading of a new draft law on social media. Among other things the law requires social media platforms to remove illegal content within 24 hours or risk hefty fines. Sound familiar? If you think you’ve heard this story before it’s because the original draft was what Reporters Without Borders call a “copy-paste” version of the much criticized German Social Network law that went into effect earlier this year. But we can trace the origins back further.
In 2016 the EU-Commission and a number of big tech-firms including Facebook, Twitter and Google, agreed on a Code of Conduct under which these firms commit to removing illegal hate speech within 24 hours. In other words what happens in Brussels doesn’t stay in Brussels. It may spread to Berlin and end up in Moscow, transformed from a voluntary instrument aimed at defending Western democracies to a draconian law used to shore up a regime committed to disrupting Western democracies.
US President Donald Trump’s crusade against “fake news” may also have had serious consequences for press freedom. Because of the First Amendment’s robust protection of free expression Trump is largely powerless to weaponise his war against the “fake news media” and “enemies of the people” that most others refer to as “independent media”.
Yet many other citizens of the world cannot rely on the same degree of legal protection from thin-skinned political leaders eager to filter news and information. The Committee to Protect Journalists (CPJ) has documented the highest ever number of journalists imprisoned for false news worldwide. And while 21 such cases may not sound catastrophic the message these arrests and convictions send is alarming. And soon more may follow. In April Malaysia criminalised the spread of “news, information, data and reports which is or are wholly or partly false”, with up to six years in prison. Already a Danish citizen has been convicted to one month’s imprisonment for a harmless YouTube video, and presidential candidate Mahathir Mohammed is also being investigated. Kenya is going down the same path with a draconian bill criminalising “false” or “fictitious” information. And while Robert Mueller is investigating whether Trump has been unduly influenced by Russian President Putin, it seems that Putin may well have been influenced by Trump. The above mentioned Russian draft social media law also includes an obligation to delete any “unverified publicly significant information presented as reliable information.” Taken into account the amount of pro-Kremlin propaganda espoused by Russian media such as RT and Sputnik, one can be certain that the definition of “unverified” will align closely with the interests of Putin and his cronies.
But even democracies have fallen for the temptation to define truth. France’s celebrated president Macron has promised to present a bill targeting false information by “to allow rapid blocking of the dissemination of fake news”. While the French initiative may be targeted at election periods it still does not accord well with a joint declaration issued by independent experts from international and regional organisations covering the UN, Europe, the Americans and Africa which stressed that “ general prohibitions on the dissemination of information based on vague and ambiguous ideas, including ‘false news’ or ‘non-objective information’, are incompatible with international standards for restrictions on freedom of expression”.
However, illiberal measures also travel from East to West. In 2012 Russia adopted a law requiring NGOs receiving funds from abroad and involved in “political activities” – a nebulous and all-encompassing term – to register as “foreign agents”. The law is a thinly veiled attempt to delegitimise civil society organisations that may shed critical light on the policies of Putin’s regime. It has affected everything from human rights groups, LGBT-activists and environmental organisations, who must choose between being branded as something akin to enemies of the state or abandon their work in Russia. As such it has strong appeal to other politicians who don’t appreciate a vibrant civil society with its inherent ecosystem of dissent and potential for social and political mobilisation.
One such politician is Victor Orban, prime minister of Hungary’s increasingly illiberal government. In 2017 Orban’s government did its own copy paste job adopting a law requiring NGOs receiving funds from abroad to register as “foreign supported”. A move which should be seen in the light of Orban’s obsession with eliminating the influence of anything or anyone remotely associated with the Hungarian-American philanthropist George Soros whose Open Society Foundation funds organisations promoting liberal and progressive values.
The cross-fertilisation of censorship between regime types and continents is part of the explanation why press freedom has been in retreat for more than a decade. In its recent 2018 World Press Freedom Index Reporters Without Borders identified “growing animosity towards journalists. Hostility towards the media, openly encouraged by political leaders, and the efforts of authoritarian regimes to export their vision of journalism pose a threat to democracies”. This is something borne out by the litany of of media freedom violations reported to Index on Censorship’s Mapping Media Freedom, which monitors 43 countries. In just the last four years, MMF has logged over 4,200 incidents — a staggering array of curbs on the press that range from physical assault to online threats and murders that have engulfed journalists.
Alarmingly Europe – the heartland of global democracy – has seen the worst regional setbacks in RSF’s index. This development shows that sacrificing free speech to guard against creeping authoritarianism is more likely to embolden than to defeat the enemies of the open society.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”100463″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.freespeechhistory.com”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
A podcast on the history of free speech.
Why have kings, emperors, and governments killed and imprisoned people to shut them up? And why have countless people risked death and imprisonment to express their beliefs? Jacob Mchangama guides you through the history of free speech from the trial of Socrates to the Great Firewall.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1526895517975-5ae07ad7-7137-1″][/vc_column][/vc_row]
27 Mar 18 | Awards, Fellowship 2018, News and features
[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/d-q_4RcHH_0″][vc_column_text]The National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC ) is the only organisation in Kenya — where homosexuality is still a criminal offence and attacks on the gay community frequent — using a legal route to challenge LGBTIQ discrimination.
Men who have sex with men in Kenya can be punished by up to 14 years in prison and, although there are no specific laws relating to women, Prime Minister Raila Odinga said in 2010 that women who have sex with women should also be imprisoned. LGBTIQ people also often find themselves subject to violence and blackmail.
NGLHRC was set up in 2012 by six young legal advocates, but its name was officially only recognised two years ago after a long court battle, which is still being appealed. Winning the right even to exist was, according to the International Service for Human Rights, a milestone for all charities campaigning for gay rights on the African continent.
The aim of the commission is to prevent discrimination on account of real or presumed sexual orientation and gender identity, and respond to discrimination when it happens.
The way they address this is by offering legal aid to Kenya’s LGBTIQ community across every city, town, rural area, and county whenever they are faced with discrimination, harassment and violence because of their sexual orientation or gender. They also offer training to public officials and judges.
The main challenge the NGLHRC faces is difficulties in reforming the laws and policies because of delays in court dates. The insensitive messages published by the media about LGBTIQ people is also, they argue, retrograde and increases stigma and violence.
NGLHRC currently has three cases in court. Its aim is to achieve change by using litigation to ensure legal precedent. The first court case the commission is involved in is about ensuring its very survival: making sure the attorney general does not win a constitutional appeal against the registration of the commission.
The second is to ensure the end of forced anal examinations which is common when a man is accused of having sex with another man.
And the third is to challenge the constitutionality of the penal code which criminalises homosexuality.
One of the biggest campaigning successes of the NGLHRC in the last year was when in September 2017. It won agreement from the Kenya Medical Association to stop forced anal examination of clients “even in the guise of discovering crimes.”
“Being nominated for an 2018 Freedom of Expression Award was quite unexpected,” said NGLHRC. “To be included with likes of so many activists, artists and organisations who are dedicated to the realisation of life-changing work is quite the honour. Many times in the quiet of each of our corners, doing the day to day work needed to make our communities better places, the work can feel isolated. Recognition of this kind reinforces that what the National Gay and Lesbian Human Rights Commission does matter.”
See the full shortlist for Index on Censorship’s Freedom of Expression Awards 2018 here.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content” equal_height=”yes” el_class=”text_white” css=”.vc_custom_1490258749071{background-color: #cb3000 !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Support the Index Fellowship.” font_container=”tag:p|font_size:28|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsupport-the-freedom-of-expression-awards%2F|||”][vc_column_text]
By donating to the Freedom of Expression Awards you help us support
individuals and groups at the forefront of tackling censorship.
Find out more
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1521479845471{background-image: url(https://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-awards-fellows-1460×490-2_revised.jpg?id=90090) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1522067231973-3405d213-874a-10″ taxonomies=”10735″][/vc_column][/vc_row]
