12 Jan 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”El periodista yemení Abdulaziz Muhamad al Sabri detalla los peligros de ser reportero en su país. Laura Silvia Battaglia lo entrevista.”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Miembros del Movimiento del Trabajador Católico participan en una vigilia, por el pueblo yemení en el parque de Union Square, Nueva York, Felton Davis/Flickr
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Abdulaziz Muhamad al Sabri sonríe, pese a todo. Pero no puede evitar deprimirse cuando ve las fotos tomadas hace unos meses, en las que sale sujetando un teleobjetivo o preparando una cámara de vídeo sobre un trípode: «Los hutíes me las confiscaron. Me confiscaron todo el equipo. Aun si hubiera querido seguir trabajando, no habría podido».
Al Sabri es un periodista, cámara y cineasta yemení, oriundo de Taiz, la ciudad que fue durante un breve periodo el frente más sangriento de la guerra civil del país. Ha trabajado en las zonas de conflicto más peligrosas, proveyendo de material original a medios internacionales como Reuters y Sky News. «Siempre me ha gustado trabajar en el terreno», dice, «y la verdad es que estaba haciendo un muy buen trabajo desde el inicio de la revolución de 2011».
Pero, desde estallido de la guerra, el entorno de trabajo de los periodistas yemeníes ha ido deteriorándose progresivamente. En el caso más reciente, el veterano periodista Yahia Abdulrakib al Yubaihi fue juzgado a puerta cerrada y condenado a muerte después de que publicase artículos en los que criticaba a los rebeldes hutíes de Yemen. Muchos periodistas han desaparecido o han sido detenidos en los últimos años, además de los medios que han cerrado.
«La industria mediática y los que trabajan en Yemen se enfrentan a una máquina de guerra que nos cierra todas las puertas en las narices y controla todas las agencias de noticias locales e internacionales. Los ataques y agresiones que sufrimos han afectado al 80% de la gente empleada en estas profesiones, sin contar a los periodistas que ya han sido asesinados, y se han dado unos 160 casos de agresiones, ataques y secuestros. Muchos periodistas han tenido que abandonar su país para seguir con vida. Como mi queridísimo amigo Hamdan al Bukari, que trabajaba para Al Jazeera en Taiz».
Al Sabri quería contar su historia a Index on Censorship con pelos y señales «porque no hay nada más que podamos hacer, excepto denunciar lo que está pasando, aunque nadie nos escuche». Habla de la intimidación sistemática por parte de las milicias hutíes de su zona contra los periodistas en general, y contra los que trabajan con medios internacionales en particular: «En Taiz han llegado a utilizarnos como escudos humanos. A muchos de mis colegas se los han llevado a depósitos de armas, que están bajo ataque de la coalición [liderada por saudíes y aliada con el gobierno]. Así, cuando alcanzan el objetivo militar, pueden acusar a la coalición de haber matado a periodistas».
Este tipo de intimidación es una de las razones que dificultan enormemente la investigación y transmisión de información sobre el conflicto. «En Taiz y en el norte, aparte de aquellos que trabajan para Masira, el canal de televisión de los hutíes, y los canales pro-Irán, Al Manar y Al Alam, solo son unos pocos los periodistas que pueden trabajar desde aquí. Y esos pocos, locales e internacionales, están jugándose el cuello», afirma Al Sabri.
«Tienes suerte si sales de esta. Si es que no, serás víctima de una bala de las milicias, de agresiones, secuestros. Los extranjeros no pueden conseguir visados por las limitaciones impuestas por el gobierno de [Abdrabuh Mansur] Hadi y la coalición. La excusa oficial es que el gobierno «teme» por sus vidas, porque si los secuestrasen, los encarcelasen o muriesen en un bombardeo de la coalición, sería responsabilidad del gobierno yemení.
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Al Sabri ha vivido en sus carnes la violencia contra los periodistas de Yemen. En diciembre de 2015, un francotirador lo hirió en un hombro. Apuntaba a su cabeza. En otra ocasión, lo secuestraron, lo retuvieron en una ubicación secreta durante 15 días con los ojos vendados y allí lo sometieron a amenazas de muerte y torturas.
«Me secuestraron una segunda vez, junto a mi colega Hamdan al Bukari, reportero de Al Jazeera, y nuestro conductor, el 18 de enero de 2016. Acabábamos de salir de casa de un amigo para volver adonde vivíamos, cuando un coche nos cerró el paso. Un grupo de hombres enmascarados y armados nos obligó a ir con ellos, nos cubrieron la cabeza y nos llevaron a un lugar desconocido; probablemente algún sitio cerca del frente, porque podíamos oír claramente el sonido de los bombardeos. A las tres de la mañana del día siguiente, los secuestradores nos separaron. Seguíamos con las capuchas puestas. En cuanto a mí, no me permitieron quitarme la venda de los ojos, y, si lo hubiera hecho, dijeron que me habrían matado. Me trajeron un poco de comida y me la comí con los ojos cerrados. Les pregunté quiénes eran y qué querían; me respondieron que eran milicianos hutíes, y que ya me enteraría de lo que querían de mí cuando fuese el momento.
«Al día siguiente me llevaron a otra habitación para interrogarme, y así fue durante los 15 días siguientes. Quienquiera que me estuviese interrogando me acusaba de traición, de ser un mercenario, de aceptar dinero de los saudíes, de los emiratíes, de los estadounidenses y de la Hermandad Musulmana, señalándome a mí y a los míos como el enemigo público número uno de Yemen. Al final del interrogatorio, me volvían a meter en aquel cuarto y decían que me iban a ejecutar. Y así siguieron: salían y volvían a entrar y decían que me iban a ejecutar. Todos los días. Viví un infierno; creía que iba a morir en todo momento.»
A día de hoy, Al Sabri aún conserva las cicatrices de esos horribles 15 días: «Después de que me liberaran, estaba tan devastado psicológicamente que dejé de trabajar y abandoné el periodismo. Aunque quisiera intentarlo de nuevo, ¿cómo iba a poder trabajar, si han destruido todo mi equipo?».
Al Sabri no tiene mucha fe en que la comunidad internacional vaya a cambiar las cosas. «Los periodistas de Yemen estamos atrapados entre dos sistemas de feroz propaganda militar: el del gobierno y el de los rebeldes hutíes. Ambas facciones persiguen a los periodistas que trabajan para el lado contrario, además de que no reconocen la posibilidad de que exista el periodismo independiente. Aquí no hay protección de ningún tipo, ni para los periodistas ni para el periodismo. Aparte de los representantes de la ONU de siempre que «expresan su preocupación», no hay una verdadera intervención extranjera.
»Creo que la comunidad internacional debería obligar a ambas facciones a permitir a los periodistas la libertad de hablar. Deberían luchar por la activación total en Yemen del Artículo 19 de la Ley Yemení [de 1990], que garantiza la libertad de expresión y se opone a la censura de la prensa. De lo contrario, la situación se mantendrá igual, y si vuelves a oír de nosotros, será como personas que han muerto».
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La premiada periodista Laura Silvia Battaglia informa desde Yemen regularmente
Este artículo fue publicado en la revista Index on Censorship en verano de 2017
Traducción de Arrate Hidalgo.
Traducción del árabe de Sue Copeland
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With: Andrei Arkhangelsky, BG Muhn, Nina Khrushcheva[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”91220″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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9 Jan 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Los guerreros islamistas de Al Shabab controlan una quinta parte de Somalia y tienen su propia emisora de radio. Ismail Einashe habla con los periodistas que arriesgan su vida retransmitiendo noticias sobre las actividades del grupo terrorista”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Un periodista retransmite desde Radio Shabelle, una de las populares emisoras de Mogadiscio (Somalia), que corren peligro por pronunciarse contra la organización terrorista Al Shabab, Amisom Public Information/Flickr
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Cada mañana, antes de ir a trabajar en Radio Kulmiye, en el centro de Mogadiscio, Maruan Mayu Huseín tiene que comprobar que no haya bombas en su coche. «Miro debajo de las ruedas, pero normalmente ponen las bombas debajo del asiento», dice. «Si me paro en algún lado de la ciudad, entonces tengo que volver a mirar, porque a veces me sigue gente».
Los periodistas somalíes como Huseín viven bajo la amenaza constante del poderoso grupo islamista Al Shabab, estrechamente relacionado con Al Qaeda. Para el grupo, colocar una bomba debajo del asiento de un coche y detonarla a distancia es marca de la casa a la hora de matar a periodistas somalíes. Huseín lo confirma: «Conozco gente muerta y herida por culpa de las bombas que les habían colocado en el coche».
Periodistas como Hindia Hayi Mohamed, madre de cinco hijos, han sido víctimas de esta táctica de Al Shabab. Trabajaba para Radio Mogadiscio y la Televisión Nacional Somalí, dos medios estatales de noticias, cuando un coche bomba la mató a las puertas de la embajada turca en Mogadiscio el 3 de diciembre de 2015. Los integrantes de Al Shabab que la asesinaron habían colocado una bomba bajo el asiento de su coche. Era la viuda de Liban Ali Nur, director de los informativos de la Televisión Nacional Somalí y fallecido en la explosión de un atentado suicida de Al Shabab en septiembre de 2012, junto a otros tres periodistas, en una popular cafetería de la capital.
Los periodistas de radio como Huseín son vulnerables cuando salen de su casa, pues es fácil acribillarlos por la calle. Huseín es reportero para una popular emisora local que retransmite noticias a las partes sur y central de Somalia. Como cuenta a Index: «Si Al Shabab os ve a vosotros, no os dejan pasar. Si me ven a mí, me matan. Trabajar como periodista radiofónico en Somalia es muy duro. El problema es hoy puede haber un ataque terrorista aquí y, mañana, en cualquier otro lado».
La radio sigue siendo el principal medio de la gente para informarse y enterarse de las noticias en Somalia. Hay pocos periódicos impresos y un bajo índice de alfabetización. El somalí solo pasó a ser una lengua escrita en 1972 y, a causa de la guerra civil, no se publican muchos libros en el país. Internet es popular, pero se trata de un fenómeno en su mayoría urbano, especialmente entre los jóvenes y los que han vuelto de la diáspora. Los informativos de televisión existen, pero el acceso a televisores es limitado en uno de los países más pobres del mundo. Por todo ello, la radio sigue siendo crucial. Laura Hammond, experta en Somalia de la Facultad de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, explica: «La somalí es una cultura oral, y la transmisión de información a través de la radio es una extensión de la antigua tradición de la oración y el intercambio de información por medio de la poesía y la palabra hablada».
Las fuentes radiofónicas que gozan de mayor prestigio son el canal somalí de la BBC, que hace poco celebró su sexagésimo aniversario, y el servicio somalí de Voice of America. Pero al comunicar al público las noticias sobre lo que está pasando en su país, los periodistas somalíes se exponen a una violencia e impunidad de las más terribles en el continente africano. En el Índice de Libertad de Prensa de 2017 realizado por Reporteros sin Fronteras, Somalia ocupa el puesto 167 de 180.
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Mohamed Ibrahim Moalimuu, el secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes, nos lo cuenta: «Somalia sigue siendo uno de los peores países para operar como periodista, una profesión que a menudo está en el punto de mira. Son víctimas de intimidaciones constantes, arrestos arbitrarios, tortura y, en ocasiones, asesinato».
Algunos periodistas somalíes se han visto forzados a esconderse por las amenazas continuadas que reciben de Al Shabab. Un periodista al que entrevistó Index, y que quiso permanecer anónimo por razones de seguridad, cuenta: «Mi vida está patas arriba desde que Al Shabab empezó a darme caza […] Al Shabab me llama desde números desconocidos y me dice: “Tu vida está peligro.”»
El periodista es un conocido reportero de radio que cubre noticias sobre el grupo armado. Añade: «He recibido amenazas de Al Shabab. Escucharon mis reportajes sobre sus ataques terroristas y desde entonces me han amenazado de muerte». Lleva dos años ocultándose de ellos, temiendo por su vida.
En febrero de 2017, unos operativos de Al Shabab visitaron la casa de su madre. Relata: «Fueron a casa de mi madre. Le preguntaron: “¿Dónde está?” Ella les dijo que no estaba allí y le dijeron a mi madre: “La próxima vez que veas a tu hijo, estará muerto.” Le tiembla la voz al contarlo. Hoy, exhausto de pasar los días oculto de las balas de Al Shabab, añade: «Quiero recuperar mi vida, pero soy un periodista joven que vive bajo amenaza […] No puedo dejar de ser periodista. No dejaré de usar mi voz».
Según Angela Quintal, coordinadora de programación para África en el Comité para la Protección de los Periodistas, 62 de ellos han perdido la vida en Somalia desde 1992. Más de la mitad de ellos (43 en total) fueron asesinados, con Al Shabab bajo sospecha de ser responsable de la mayoría de las muertes. Pese a que los asesinatos de periodistas han disminuido desde 2012, en 2016 mataron a tres.
Los antecedentes son que, tras el colapso del estado somalí y la guerra civil de 1991, el país se sumió en una orgía de violencia y terrorismo, a lo que se añade una sequía reciente de efectos devastadores. En el vocabulario de la política internacional, Somalia era conocida como «el estado más fallido» del mundo, pero en los últimos años ha dado paso a la expresión «estado frágil». De entre todas las amenazas a las que ha hecho frente Somalia, Al Shabab, posiblemente la organización terrorista más potente de África, se lleva la palma.
En los últimos años, Al Shabab ha perdido algunos territorios en partes del sur de Somalia, como el puerto estratégico de Kismayo, así como mucho territorio en Mogadiscio. Pero aún controla amplias franjas de territorio en el país.
Al Shabab no solo ataca a periodistas radiofónicos somalíes, sino que tiene su propia emisora, llamada Al Ándalus, desde la que retransmiten propaganda yihadista con música devocional islámica, así como estridentes informativos sobre los “kafirs”, o infieles, y cuántos de ellos han matado. La emisora cuenta con un amplio alcance en las partes meridionales de Somalia y en las áreas bajo su control, y está disponible en internet.
Moalimuu dice que Al Ándalus aún funciona y emite en áreas controladas por Al Shabab.
Mary Harper, editora de BBC África e inmersa en la escritura de un libro sobre Al Shabab, afirma que las actividades radiofónicas de la organización terrorista les lleva «siglos de ventaja a Boko Haram».
En lo que respecta a sus ataques a civiles, al gobierno o a las fuerzas de la Unión Africana, según Harper, ofrece una visión bastante fidedigna, pero tiende a exagerar el número de muertos que provoca. Utilizan Al Ándalus como instrumento para suprimir la libertad de expresión y extender su propaganda radical islamista.
Moalimuu dice: «Al Shabab prohíbe la música en todas las áreas que aún controlan. Vigilan los teléfonos móviles de los jóvenes regularmente. Los smartphones y cualquier otro tipo de móvil con cámara están prohibidos en sus territorios. Esta norma sigue aún vigente en todas las áreas controladas por Al Shabab. La gente está muy frustrada, pero no les queda otra opción que obedecer si quieren seguir con vida».
Nur Hasán, un periodista y productor audiovisual retirado de Mogadiscio, explica: « Al Shabab prohíbe la música terminantemente. Si te pillan escuchando música en las zonas bajo su control, el castigo son 40 latigazos y la humillación pública».
Harper apunta que no todas las amenazas provienen de Al Shabab: «Los periodistas de Somalia están amenazados por todas las esquinas».
Pero Huseín sigue preocupado por la amenaza del grupo terrorista. Dice que algunos periodistas de radio están tan preocupados que pasan algunas noches en el estudio en lugar de dormir en sus camas. Él, por su parte, lo tiene claro: «No me preocupará la muerte hasta que venga a por mí». Hasta entonces, dice: «Seguiré mirando que no haya bombas cuando salgo de casa, pero mi destino está en manos de Dios».
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Ismail Einashe escribe reportajes regularmente para la revista Index on Censorship desde el Cuerno de África. Nació en Somalilandia y es miembro académico del Dart Center de la Universidad de Columbia con una beca Ochberg.
Este artículo fue publicado en la revista Index on Censorship en otoño de 2017.
Traducción de Arrate Hidalgo.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Free to Air” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2017%2F12%2Fwhat-price-protest%2F|||”][vc_column_text]Through a range of in-depth reporting, interviews and illustrations, the autumn 2017 issue of Index on Censorship magazine explores how radio has been reborn and is innovating ways to deliver news in war zones, developing countries and online
With: Ismail Einashe, Peter Bazalgette, Wana Udobang[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”95458″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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2 Jan 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Puede que en Estados Unidos estén aún acostumbrándose a sus «fake news», pero los bielorrusos llevan años lidiando con la táctica de las noticias fabricadas, relata Andrei Aliaksandrau.”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Las fuerzas especiales rodean a manifestantes en Minsk (Bielorrusia) tras las elecciones fraudulentas de 2010, Isabel Sommerfeld/Flickr
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En Bielorrusia, inventar noticias no es una novedad. Una historia que consistía en imágenes espantosas de manifestantes armados con cócteles molotov y otros objetos recorrió en abril los canales de televisión y periódicos del estado. Los manifestantes, afirmaban los reporteros, pertenecían a la Legión Blanca, cuyos miembros presuntamente buscaban encender en Minsk una revuelta similar a la de las protestas del Euromaidán, que se extendieron por toda Ucrania en 2013 y 2014 y contribuyeron a la crisis de Crimea.
Curiosamente, los productores y reporteros de estos vídeos y artículos eran anónimos. No había ni títulos ni firmas, ni tampoco pruebas de que la Legión Blanca, que existió en su día, hubiera llevado a cabo operación alguna en los últimos años. También es curioso que ni la policía ni las fuerzas de seguridad quisieran responder a las preguntas de periodistas y ciudadanos sobre el caso.
Resulta que la historia era una invención con envoltorio de noticia, un fragmento retorcido de la realidad, emitido para sembrar el miedo y el pánico en la sociedad. El mensaje era: No salgáis a las calles a protestar. Quienes lo hacen socavan la paz y la estabilidad.
Se trata de una táctica habitual que lleva años dándose en Bielorrusia, donde las noticias reales se reprimen y proliferan las falsas. Es una estrategia de uso muy extendido en este momento, siendo 2017 testigo de las protestas más intensas que ha visto el país en años, y a las que el gobierno ha respondido con brutalidad.
Bastante próspera bajo el régimen soviético, Bielorrusia sufrió un declive financiero tras la caída de la URSS. En medio del desconcierto económico y político, Alexander Lukashenko llegó al poder. El presidente sigue aferrado a él 23 años después, debido en gran medida a un estricto control de los medios de comunicación. Los ataques a la prensa, a blogueros, a escritores y a periodistas independientes se perpetúan al mismo tiempo que continúan las actividades de la extensa máquina propagandística del estado.
Los informativos de los canales nacionales de televisión —y no hay ningún canal nacional que no sea propiedad del estado— siguen un patrón simple a la par que persuasivo: aquí va una noticia sobre el presidente; aquí está saludando a un embajador extranjero y dando un discurso sobre el papel especial que desempeña Bielorrusia en la estabilidad y la paz mundial; aquí está reunido con el ministro del interior y haciendo una declaración sobre la importancia de preservar la estabilidad y la paz en la sociedad; aquí está gritando al consejo de ministros que tienen que hacer lo que haga falta para seguir sus sabias ideas por el bien del pueblo (por no hablar de la paz y la estabilidad); aquí está visitando la fábrica de una pequeña ciudad hablándoles a los obreros cual padre bondadoso, diciéndoles que él proveerá.
Tras media hora con cosas así, le llega el turno a un caleidoscopio de imágenes del resto del mundo: proyectiles cayendo sobre Ucrania; bombas destruyendo un hospital sirio; algún presidente raro haciendo declaraciones absurdas al otro lado del océano; un terrorista haciendo estallar otra ciudad europea; refugiados, inundaciones, recesiones, gobiernos que colapsan.
Y, después, una historia de niños felices en una guardería bielorrusa. Más imágenes de un país pacífico guiado por un sabio líder que se erige como el último bastión de felicidad, la última isla de estabilidad en un mundo violento.
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Pero hay otros tipos de programas en la televisión nacional. Los emiten cuando las autoridades empiezan a notar que la imagen de «paz y estabilidad» que proyectan contradice a la otra realidad: la que la gente ve en las calles y en el trabajo, en las tiendas y en el transporte público, en hospitales y escuelas; la realidad de la vida fuera de la matriz de la propaganda del estado.
A comienzos de 2017, miles de personas de todo el país salieron a la calle a manifestarse. Las protestas fueron provocadas por un nuevo decreto presidencial, el tercero, que multa a quienes no puedan demostrar tener un trabajo o fuente de ingresos oficial. Lo han apodado el decreto «del parásito social». Existe un antiguo término soviético, tuniejadcy, cuyo significado oficial es «parásito»: el «parasitismo» estaba considerado delito en la era soviética, pues se esperaba que todo el mundo trabajase para construir «la sociedad utópica comunista». He aquí una innovación bielorrusa: en lugar de subvencionar a los parados, el gobierno ha decidido multarles.
El decreto solo fue el detonante. La verdadera razón de las protestas es la profunda crisis económica que asola el país. Resulta que la «estabilidad» bielorrusa se trata en realidad de un estado de coma. Nuestra economía, fundamentada en la industria, es herencia de la era soviética y nunca ha pasado por reformas. Estas habrían conllevado la privatización, la modificación de leyes para asegurar garantías al capital, la independencia del poder judicial y un parlamento electo en condiciones, en lugar de uno puesto a dedo por el presidente. Estos pasos, de haberlos seguido, habrían socavado profundamente el régimen autoritario.
Así pues, la economía del país ha llegado hasta hoy sin mayores alteraciones. Durante casi dos décadas se benefició del petróleo y el gas que llegaban baratos de Rusia, así como de préstamos que el Kremlin se podía permitir debido a los altos precios del petróleo y a la necesidad de contar con un aliado cerca. La relación se ha enfriado desde entonces, en parte por la oposición de Bielorrusia a la anexión rusa de Crimea.
La gente comenzaba a notar las dificultades económicas, especialmente en las ciudades pequeñas. Entonces fue cuando llegó el impuesto del «parásito social», que desató las protestas. La gente salió a las calles de Bielorrusia por primera vez desde 2011; en algunos pueblos, no lo hacían desde la década de 1990.
Las movilizaciones recibieron una dura respuesta. La policía arrestó a cientos de personas, a pesar de la naturaleza totalmente pacífica de las manifestaciones. Durante los acontecimientos de Minsk de marzo de 2017, las fuerzas antidisturbios actuaron con brutalidad y arrestaron a alrededor de mil personas. Algunas de ellas eran transeúntes detenidos por error. Otros, periodistas con acreditación en regla.
Aliaksandr Barazenka, cámara del canal Belsat TV, fue detenido durante las protestas del 25 de marzo de 2017 en Minsk. Existe un vídeo de él gritando «¡Soy periodista!» a matones uniformados, que lo agarran y lo meten a rastras en un furgón policial. Más tarde, en el juzgado, los agentes antidisturbios dijeron que Barazenka había estado jurando en público. El juez no prestó la más mínima atención a las claras discrepancias entre sus declaraciones. Barazenka fue condenado a 15 días de detención administrativa, que pasó en huelga de hambre en un centro de detención. Se dieron muchos más ejemplos como estos durante la primavera de 2017. Pero estas historias nunca salen por la televisión estatal.
Pese a todo, aún quedan medios independientes, de un modo u otro, en Bielorrusia. Todavía hay algún periódico no perteneciente al estado, alguna publicación digital que muestra lo que está pasando. Hay blogueros y redes sociales. De hecho, cuando los medios nacionales transmitieron el montaje de los cócteles molotov, emergió un vídeo en internet que revelaba que no había ni policía ni supuestos delincuentes, solo una furgoneta y un puñado de operadores de cámara de la televisión del estado.
Por mucho que se estén contando las historias del periodista Barazenka y de otros manifestantes detenidos, desgraciadamente la realidad delirante y violenta de la televisión nacional prevalece. «Las palabras de los medios están devaluadas. A las autoridades ya no les interesa lo que sabemos ni lo que pensamos sobre ellas», afirmó Viktar Martinovich, escritor bielorruso de éxito, en el Belarus Journal. «Ya no les hace falta público. Están solos. Creen que son lo bastante poderosos, que son eternos. Y nos faltan las palabras para demostrar que se equivocan».
Aquí hay uno que cree que encontraremos las palabras.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Andrei Aliaksandrau es un periodista afincado en Minsk, Bielorrusia. Es editor del Belarus Journal.
Este artículo fue publicado en la revista de Index on Censorship en verano de 2017.
Traducción de Arrate Hidalgo.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”100 years on” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2017%2F12%2Fwhat-price-protest%2F|||”][vc_column_text]Through a range of in-depth reporting, interviews and illustrations, the summer 2017 issue of Index on Censorship magazine explores how the consequences of the 1917 Russian Revolution still affect freedoms today, in Russia and around the world.
With: Andrei Arkhangelsky, BG Muhn, Nina Khrushcheva[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”91220″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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18 Dec 2017 | Journalism Toolbox Spanish, Volume 46.01 Spring 2017 extras
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Los periodistas mexicanos son objeto de amenazas por parte de un gobierno corrupto y cárteles violentos, y no siempre pueden confiar en sus compañeros de oficio. Duncan Tucker nos lo cuenta.”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Cientos de periodistas marchan en silencio en 2010 como protesta contra los secuestros, asesinatos y violencia ejercida contra los periodistas del país, John S. and James L. Knight/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
«Espero que el gobierno no se deje llevar por la tentación autoritaria de bloquear el acceso a internet y arrestar a activistas», contaba el bloguero y activista mexicano Alberto Escorcia a la revista de Index on Censorship.
Escorcia acababa de recibir una serie de amenazas por un artículo que había escrito sobre el reciente descontento social en el país. Al día siguiente, las amenazas se agravaron. Invadido por una sensación de ahogo y desprotección, comenzó a planear su huida del país.
Son muchas las personas preocupadas por el estado de la libertad de expresión en México. Una economía estancada, una moneda en caída libre, una sangrienta narcoguerra sin final a la vista, un presidente extremadamente impopular y la administración beligerante de Donald Trump recién instalada en EE.UU. al otro lado de la frontera están generado cada vez más presión a lo largo de 2017.
Una de las tensiones principales es el propio presidente de México. Los cuatro años que lleva Enrique Peña Nieto en el cargo han traído un parco crecimiento económico. También se está dando un resurgir de la violencia y de los escándalos por corrupción. En enero de este año, el índice de popularidad del presidente se desplomó al 12%.
Para más inri, los periodistas que han intentado informar sobre el presidente y sus políticas han sufrido duras represalias. Por ejemplo, 2017 comenzó con agitadas protestas en respuesta al anuncio de Peña Nieto de que habría un incremento del 20% en los precios de la gasolina. Días de manifestaciones, barricadas, saqueos y enfrentamientos con la policía dejaron al menos seis muertos y más de 1.500 arrestos. El Comité para la Protección de los Periodistas ha informado que los agentes de policía golpearon, amenazaron o detuvieron temporalmente a un mínimo de 19 reporteros que cubrían la agitación en los estados norteños de Coahuila y Baja California.
No solo se han silenciado noticias; también las han inventado. La histeria colectiva anegó la Ciudad de México a consecuencia de las legiones enteras de bots de Twitter que comenzaron a incitar a la violencia y a difundir información falsa sobre saqueos, cosa que provocó el cierre temporal de unos 20.000 comercios.
«Nunca he visto la ciudad de esa manera», confesó Escorcia por teléfono desde su casa en la capital. «Hay más policía de lo normal. Hay helicópteros volando sobre nosotros a todas horas y se escuchan sirenas constantemente. Aunque no ha habido saqueos en esta zona de la ciudad, la gente piensa que está sucediendo por todas partes».
Escorcia, que lleva siete años investigando el uso de bots en México, cree que las cuentas falsas de Twitter se utilizaron para sembrar el miedo y desacreditar y distraer la atención de las protestas legítimas contra la subida de la gasolina y la corrupción del gobierno. Dijo que había identificado al menos 485 cuentas que constantemente incitaban a la gente a «saquear Walmart».
«Lo primero que hacen es llamar a la gente a saquear tiendas, luego exigen que los saqueadores sean castigados y llaman a que se eche mano del ejército», explicó Escorcia. «Es un tema muy delicado, porque podría llevar a llamamientos a favor de la censura en internet o a arrestar activistas», añadió, apuntando que la actual administración ya ha pasado por un intento fallido de establecer legislación que bloquee el acceso a internet durante «acontecimientos críticos para la seguridad pública o nacional».
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Días después de que el hashtag de «saquear Walmart» se hiciera viral, Benito Rodríguez, un hacker radicado en España, contó al periódico mexicano El Financiero que le habían pagado para convertirlo en trending topic. Rodríguez explicó que a veces trabaja para el gobierno mexicano y admitió que «tal vez» fuera un partido político el que le dio dinero para incitar al saqueo.
La administración de Peña Nieto lleva mucho tiempo bajo sospecha de utilizar bots con objetivos políticos. En una entrevista con Bloomberg el año pasado, el hacker colombiano Andrés Sepúlveda afirmaba que, desde 2005, lo habían contratado para influir en el resultado de nueve elecciones presidenciales de Latinoamérica. Entre ellas, las elecciones mexicanas de 2012, en las que asegura que el equipo de Peña Nieto le pagó para hackear las comunicaciones de sus dos rivales principales y liderar un ejército de 30.000 bots para manipular los trending topics de Twitter y atacar a los otros aspirantes. La oficina del presidente publicó un comunicado en el que negaba toda relación con Sepúlveda.
Los periodistas de México sufren también la amenaza de la violencia de los cárteles. Mientras investigaba Narcoperiodismo, su último libro, Javier Valdez —fundador del periódico Ríodoce— se dio cuenta de lo habitual que es hoy día que en las ruedas de prensa de los periódicos locales haya infiltrados chivatos y espías de los cárteles. «El periodismo serio y ético es muy importante en tiempos conflictivos, pero desgraciadamente hay periodistas trabajando con los narcos», relató a Index. «Esto ha complicado mucho nuestra labor. Ahora tenemos que protegernos de los policías, de los narcos y hasta de otros reporteros».
Valdez conoce demasiado bien los peligros de incordiar al poder. Ríodoce tiene su sede en Sinaloa, un estado en una situación sofocante cuya economía gravita alrededor del narcotráfico. «En 2009 alguien arrojó una granada contra la oficina de Ríodoce, pero solo ocasionó daños materiales», explicó. «He recibido llamadas telefónicas en las que me ordenaban que dejase de investigar ciertos asesinatos o jefes narcos. He tenido que suprimir información importante porque podrían matar a mi familia si la mencionaba. Algunas de mis fuentes han sido asesinadas o están desaparecidas… Al gobierno le da absolutamente igual. No hace nada por protegernos. Se han dado, y se dan, muchos casos».
Pese a los problemas comunes a los que se enfrentan, Valdez lamenta que haya poco sentido de la solidaridad entre los periodistas mexicanos, así como escaso apoyo de la sociedad en general. Además, ahora que México se pone en marcha de cara a las elecciones presidenciales del año que viene y continúa peleándose con sus problemas económicos, teme que la presión sobre los periodistas no haga más que intensificarse, cosa que acarreará graves consecuencias al país.
«Los riesgos para la sociedad y la democracia son extremadamente graves. El periodismo puede impactar enormemente en la democracia y en la conciencia social, pero cuando trabajamos bajo tantas amenazas, nuestro trabajo nunca es tan completo como debería», advirtió Valdez.
Si no se da un cambio drástico, México y sus periodistas se enfrentan a un futuro aún más sombrío, añadió: «No veo una sociedad que se plante junto a sus periodistas y los proteja. En Ríodoce no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de empresarios para financiar proyectos. Si terminásemos en bancarrota y tuviésemos que cerrar, nadie haría nada [por ayudar]. No tenemos aliados. Necesitamos más publicidad, suscripciones y apoyo moral, pero estamos solos. No sobreviviremos mucho más tiempo en estas circunstancias».
Escorcia, que se enfrenta a una situación igualmente difícil, comparte su sentido de la urgencia. Sin embargo, se mantiene desafiante, como en el tuit que publicó tras las últimas amenazas que recibió: «Este es nuestro país, nuestro hogar, nuestro futuro, y solo construyendo redes podemos salvarlo. Diciendo la verdad, uniendo a la gente, creando nuevos medios de comunicación, apoyando a los que ya existen, haciendo público lo que quieren censurar. Así es como realmente podemos ayudar».
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Escucha la entrevista a Duncan Tucker en el podcast de Index on Censorship en Soundcloud, soundcloud.com/indexmagazine
Duncan Tucker es un periodista freelance que vive y trabaja en Guadalajara, México.
Este artículo fue publicado en la revista de Index on Censorship en primavera de 2017.
Traducción de Arrate Hidalgo.
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Also in the issue: newly translated fiction from Karim Miské, columns from Spitting Image creator Roger Law and former UK attorney general Dominic Grieve, and a special focus on Poland.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”88803″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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