3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Los egipcios lograron hacer oír sus voces alrededor del mundo durante el levantamiento, pese a las restricciones a internet impuestas por el gobierno. Jillian C York informa”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
La bandera egipcia ondea en la plaza Tahrir, Egipto, durante las manifestaciones de 2011, Maged Helal/Flickr
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En el mundo árabe, la censura en internet es lo normal. Solo un puñado de gobiernos han conseguido evitar la tentación de filtrar el acceso público a webs políticas y redes sociales. Hasta finales de enero, Egipto se contaba entre estos gobiernos, contentándose con vigilar el tráfico y arrestar a blogueros, pero sin denegar el acceso.
Tras el levantamiento popular, dejó de ser así. El 26 de enero, solo 24 horas después de que comenzaran las manifestaciones, Egipto puso un veto a Facebook en todos los proveedores de servicios de internet (ISP). Al día siguiente le tocó a Twitter y, al otro, internet al completo.
La decisión del gobierno de cortar el acceso a internet es un claro indicio de que este lo veía como una posible amenaza: antes de que empezasen las manifestaciones, los egipcios expertos en redes y política habían estado utilizando su influencia para coordinar protestas, sin dejar de lado las actividades en el mundo analógico. Grupos populares de Facebook como «Todos Somos Jaled Said» bullían de actividad. En cierto momento se publicó un documento de Google para guardar los datos de contacto de los miembros del grupo, en caso de que se bloquease Facebook. Pocos sospechaban que la prohibición se extendería a todo internet.
Del 28 al 31 de enero, una valiente ISP, Noor, siguió conectada. Entre sus usuarios se encontraban periodistas y activistas locales que tuitearon todo lo que pudieron, compartiendo información que recibían de amigos que les llamaban por teléfono desde las calles. Los geeks egipcios se movilizaron rápidamente para montar conexiones de módem por línea conmutada y publicaron los detalles en blogs.
Entonces, el 1 de febrero temprano, desconectaron Noor también —el último bastión de conexión—, dejando a los egipcios y, por extensión, a buena parte del mundo a oscuras. Sin noticias de las calles, muchos de los que observaban estaban confusos, sin saber en qué canales de información podían confiar. Google y Twitter no tardaron en publicar un comunicado conjunto, explicando en detalle un nuevo servicio que permitiría a cualquier persona en Egipto llamar a un número internacional y dejar un mensaje de voz que después se haría llegar a todo el mundo a través de Twitter. A pesar de que el servicio recibió algunas llamadas, y de que la comunidad internacional traducía rápidamente tuits del árabe al inglés, la ausencia de conexión a internet significaba que no había mucho que nadie pudiera hacer para asegurarse de que los egipcios se enteraban de la iniciativa.
Por supuesto, aun sin internet, las protestas continuaron. Pese a la prohibición de SMS y redes de móvil, miles se congregaron en la plaza Tahrir y en espacios públicos alrededor de Egipto. Cuando volvió la conexión a internet el 3 de febrero, algunas personas afirmaron que si habían tomado las calles fue precisamente por el apagón: al no poder escribir y compartir con el mundo lo que estaba pasando, decidieron formar parte.
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Aunque puede que internet nunca sea la gota que colme el vaso, tampoco debemos menospreciar su papel. Ahí está, por ejemplo, el documento de Google que subieron a Facebook el 22 de enero. Ese documento —como su homólogo en papel, un panfleto que circuló por las calles de El Cairo— compartía información logística, como qué hacer en caso de gas lacrimógeno y dónde reunirse en el centro de la ciudad. Pero, al contrario que su primo de papel, el documento digital no costaba dinero y podía actualizarse fácilmente a tiempo real, de forma colaborativa, facilitándole las cosas a su creador. Lo mismo puede decirse de Facebook: antes de su aparición, los activistas tenían que hacer unas 30 o 40 llamadas de teléfono cada vez que organizaban algo; ahora una actualización de Facebook puede llegar a miles de personas. De hecho, una actualización para las protestas programadas para el 28 de enero recibió 400.000 respuestas.
No es solo el activismo, sino también la diseminación de información lo que convierte a internet en un elemento clave de estos tiempos de agitación. En Túnez, las protestas proliferaron durante casi tres semanas antes de que se hicieran eco los medios internacionales, pero eso no impidió que los internautas tunecinos siguieran informando. Varios periodistas locales llenaron las lagunas de información publicando fotos en blogs, subiendo vídeos a Facebook y, sí, tuiteando. Los medios de comunicación, a medida que comenzaban a informar sobre los disturbios, se percataron de lo valiosos que eran estos reporteros locales, y a menudo utilizaban sus actualizaciones como fuentes principales.
Al Jazeera, en concreto, cumplió una función especial gracias a su capacidad de difusión por satélite a Túnez, a menudo incluyendo contenido de las redes sociales en sus informativos.
El regreso de internet a Egipto el 3 de febrero coincidió con espantosas escenas de violencia, mayoritariamente perpetrada por matones a sueldo pro-Mubarak. Aunque para entonces los medios ya habían descendido sobre El Cairo, cuando al atardecer los reporteros se retiraban a sus hoteles, cumpliendo el toque de queda en vigor en todo el país, fueron los valientes manifestantes, móviles en mano, los que pudieron informar desde las calles. Y fueron sus voces, las voces de la gente de Egipto, las que se escucharon alrededor del mundo.
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Jillian C York es investigadora y bloguera especializada en la censura de internet en Oriente Próximo y el norte de África.
This article originally appeared in the spring 2011 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”The net effect” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2011%2F03%2Fthe-net-effect-2%2F|||”][vc_column_text]Our special report explores how technology continues to transform the culture of activism, but also how it’s not popular to view it more cautiously as past of a long game.
With: Evgeny Morozov; Danny O’Brien; Dubravka Ugresic[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89160″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=” https://www.indexoncensorship.org/2011/03/the-net-effect-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Ex director de la fiscalía pública de Inglaterra y Gales, y recién investido como caballero, Sir Keir Starmer habla del derecho a ofender, de los retos legislativos de las redes sociales y de la protección de informantes con Rachael Jolley, editora de Index”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Sir Keir Starmer, Chris McAndrew/Wikimedia Commons
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Sir Keir Starmer no es de los que esquivan los desafíos, ni de los que gustan de tirarse a la bartola. No por nada aceptó el puesto de director de la fiscalía pública (DPP en sus siglas en inglés) de Inglaterra y Gales, supervisando el servicio de fiscalía, un trabajo que algunos han descrito como «un regalo envenenado». Durante los cinco años que estuvo en el puesto, apareció en televisión más a menudo que sus predecesores y ayudó a crear conciencia sobre su papel. También supervisó la puesta en marcha de nuevas directrices para fiscales en casos de maltrato a mujeres y niñas, abusos sexuales a niños y casos relacionados con las redes sociales. Sir Keir es una de esas personas increíblemente brillantes, con la capacidad de hablar de ideas complejas y llegar hasta el tuétano, todo ello usando un lenguaje práctico que quienes no son abogados pueden entender perfectamente. Esta es una habilidad que tal vez lo pertreche bien para un cambio de dirección, en caso, como se ha planteando, de que se presente a miembro del parlamento por el partido laborista en las próximas elecciones generales británicas de 2015.
Sentado en la sala de juntas en Doughty Street, un gran bufete especializado en libertades civiles y derechos humanos, está instantáneamente relajado, pese a la evidente multitud de cosas que reclaman su tiempo. Además de sus casos diarios, acaba de aceptar un expediente del líder británico de la oposición Ed Miliband para analizar cómo se entrevista a las víctimas y los testigos en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, está preparándose para unirse a una investigación de genocidio postconflicto con el equipo legal de Croacia en el Tribunal Internacional de Justicia. Cuando pasamos por al lado de unos televisores que retransmiten un debate sobre si los agentes de policía armados deberían llevar puestas cámaras de vídeo en el futuro, comenta que «es algo positivo». «Hasta con la mejor de las intenciones, intentar recordar lo sucedido está sembrado de dificultades».
Nos acomodamos para hablar sobre un tema distinto, si bien uno en el que invirtió un tiempo considerable durante su puesto como DPP: considerar nuevas directrices para la policía en torno a las redes sociales, así como la función que estas han de cumplir en la sociedad en el futuro. Cree que no ha habido suficiente debate político alrededor de cómo habría que cambiar las leyes que se han quedado obsoletas en este ámbito.
«Lo primero de todo es que no ha habido un debate político sobre cuáles deberían ser los límites de la libre expresión en esta nueva era. No lo ha habido, simple y llanamente. Ha habido debates en el pasado sobre la libertad de expresión y el derecho penal, o sobre la libertad de expresión y el orden público, y ha suscitado opiniones muy enérgicas sobre el punto en el que habría que trazar la línea. Pero ni siquiera hemos tenido el otro debate. Así que nos encontramos en un momento muy peculiar».
Le preocupa que los políticos no parezcan tener este tema concreto en sus programas, y que no los ve «con ganas». Menciona, como ya lo ha hecho en público con regularidad, que en Inglaterra y Gales la policía sigue recurriendo a la Ley de comunicaciones de 2003, que se remonta a legislación diseñada en 1930 para proteger las sensibilidades de las operadoras que conectaban llamadas en las centrales telefónicas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
A la pregunta de si cree que hay proyectos legislativos en ciernes, responde: «No esperaría que se hicieran públicos antes de las elecciones y, hasta donde yo sé, ninguno de los partidos está poniéndose en forma para hacerles frente». Está convencido de que esta problemática área de la ley ha de tenerse más en cuenta. «Creo que tenemos que tener un debate abierto acerca de cuáles son los límites. Ahora mismo estamos utilizando legislación anticuada para intentar lidiar con un nuevo fenómeno».
El auge en crecimiento de las redes sociales provoca multitud de preguntas, afirma Sir Keir. Una de las formas en las que hemos juzgado el lenguaje, el debate y la ofensa en el pasado es según dónde se diga; por ejemplo, en casa, en el trabajo o en un espacio público. La ubicación es relevante por el número de personas que habrían escuchado la conversación. Ahora la gente puede mandar tuits o publicar estados desde su dormitorio, y el elemento de dónde se está cuando se hacen los comentarios no cambia mucho las cosas. Otro factor es que la gente se comunica de forma distinta por redes sociales que como lo harían cara a cara; a veces más abiertamente, otras de forma más descortés, o más sincera, quizás más ofensiva. «Por lo tanto», dice Sir Keir, «se arriesgan más, utilizan un lenguaje distinto, y esto a su vez suscita otras cuestiones».
Añade: «Es especialmente complicado, porque hasta ahora, a grandes rasgos, la libre expresión la habían gobernado factores como dónde dices lo que dices y cuál ha sido la reacción. Ahora, gran parte está cubierta por la Ley de orden público, que no es donde normalmente buscarías una cláusula sobre libre expresión. Pero todo eso iba sobre si lo que dices perturba el orden público y, por lo tanto, hablando en general, puedes decir mucho más en el salón de tu casa que en la calle. Puedes decir muchas cosas mientras no provoquen que la gente quiera ponerse a causar disturbios, pero no si tienen este efecto. Es cierto que se ha discutido sobre si eso está bien o mal, pero este equilibrio se ha mantenido en mayor o menor medida durante muchos años».
¿Dónde nos deja todo esto? «El debate que vamos a tener que resolver es el siguiente: cuál es el equilibrio adecuado entre el derecho penal y la libertad de expresión en lo concerniente a las redes sociales? Y este debate apenas ha comenzado».
De cara al futuro, aún quedan muchos retos, y Starmer, como la mayoría de la gente, no tiene claro cómo serán o de qué forma se utilizarán las redes sociales dentro de diez años, o el impacto que tendrán esos cambios.
«¿En qué acabará todo? No lo sé, pero creo que no hay vuelta atrás, y por eso a primera vista cualquiera es libre de difundir su vida de un modo que antes, simplemente, no era posible. En el pasado, si alguien quería que cientos de miles de personas supieran lo que pensaba, a menos que utilizase un medio de difusión establecido, no podía hacerlo; ahora lo puedes hacer desde tu salón. No hay vuelta atrás. No hay ni la más remota posibilidad de una vuelta atrás».
A nivel global existen debates sobre el rol de las redes sociales en la «vigilancia» o el borrado de contenido y los momentos en los que esto podría ser o no necesario.
Nadie insinuaría que las plataformas no tienen ningún tipo de rol en lo que se «retransmite», asevera Starmer, y su test está relacionado con el principio del perjuicio: «Si [los mensajes o tuits] son explícitos y contienen amenazas auténticas de asesinato, o amenazas terroristas, no creo que un proveedor de servicios hiciera otra cosa que no fuera eliminarlos rápidamente. Así que alguien que diga que no hay ningún tipo de responsabilidad, creo yo, olvida que, en esas circunstancias, no creo que haya un solo proveedor de servicios que no lo quitase. Es lo que hacen en todas las demás situaciones».
Como indica, estas plataformas operan a nivel global, y la pregunta es, por lo tanto, a qué leyes o normas sociales se atienen. «¿Aplicamos el test en el país más restrictivo de todos y luego lo aplicamos a todos los demás, asegurándonos así de que no se quebranta la ley penal de ningún sitio, lo cual significa que estaríamos todos sujetos a una legislación de la libertad de expresión extremadamente restrictiva? ¿O vamos a por la más generosa, lo que significa que es probable que violemos leyes estatales en numerosas ocasiones?».
Reconoce que es probable que no vaya a desarrollarse un derecho penal internacional en este ámbito y, por lo tanto, si va a haber algún tipo de intervención de la justicia penal, esta dependerá de leyes nacionales. Así que no es tan sencillo cuando se trata de una plataforma global. «Sí que complica bastante la vida cuando hablamos de comunicaciones que dan la vuelta al mundo a gran velocidad».
Y añade: «Existen normas internacionales sobre ciertos tipos de conductas, normalmente en lo que respecta al maltrato. Es posible que a medida que pase el tiempo tengan que desarrollarse normas internacionales, y podría decirse que existe un acuerdo emergente de que estos son, como mínimo, los contornos de lo que debería estar a disposición de todos».
Pese a ser un firme defensor de la libre expresión, no cree en una sociedad sin leyes ni en la libertad total. «No puede existir una zona sin ley. Dejando totalmente aparte las amenazas de terrorismo y las amenazas reales de violencia, amenazas de peso que es probable que se lleven a cabo, también están las órdenes judiciales. ¿Qué hacemos con el anonimato de una víctima de violación? Existen razones para que las víctimas de estos casos tan delicados se mantengan en el anonimato, y si vas y dices que no importa que se quebrante la orden judicial porque estás usando las redes sociales, lo que haces es socavar completamente los sistemas judicial y penal, y retirar la protección que les corresponde a víctimas en situaciones de alta vulnerabilidad».
Starmer ha obtenido amplio reconocimiento por haber ayudado a instaurar una cultura de mayor transparencia en el Servicio de Enjuiciamientos de la Corona (CPS en inglés) mientras fue su director. Concuerda en que la posición cambió mientras él estuvo en el cargo: «Creo sinceramente y tengo la esperanza de que la gente también pueda decir que el CPS es hoy una organización mucho más transparente de lo que jamás lo fue en el pasado. Creo que ha hecho mucho bien. Y creo que la gente confía más en una organización que da explicaciones más a menudo».
También cree que toda la sociedad británica y sus instituciones han experimentado un cambio de dirección hacia una mayor transparencia, y hacia una creencia en la importancia de explicar decisiones y debatirlas abiertamente. «En mi antiguo puesto como director de la fiscalía, por ejemplo, antes se veía como algo negativo que se debatiese públicamente si el DPP había hecho algo bien o mal. Algunos creían que era mejor que no hubiera debate, antes que tener transparencia y asumir responsabilidades. Estoy en profundo desacuerdo con eso, pero es algo que creo que ya hemos dejado atrás».
Y cuando sale el tema de los informantes, debatimos sobre si en la legislación inglesa hay suficiente protección para las personas que deciden «filtrar» información en pos del bien común.
«Creo que cuando las leyes sobre informantes se aplican como es debido, funcionan bastante bien. Los problemas llegan con lo que la gente percibe que otorga esa protección o cuándo se puede decir que está mal aplicada. No digo que no puedan mejorarse las leyes. Siempre hay que tenerlas presentes y comprobar que están funcionando bien en la práctica, pero es importante la existencia de una protección legal, como también es importante que todo el mundo la aprecie. Creo que mucha gente sigue partiendo de la idea, mal entendida, de que si filtras información clasificada estás obrando mal y que eso es algo que no puedes hacer».
Según esto, habría una confusión en el mismo centro de la sociedad, según la cual si alguien ha quebrantado la ley para hacer llegar información vital al dominio público, por necesidad ha hecho algo malo. «La única razón por la que se protege a quienes filtran información es que han tenido que hacer algo malo para hacer llegar la información adonde ellos creen que debería estar. Por lo tanto, la idea de que si alguien ha violado la ley tiene que estar necesariamente equivocado es un argumento estéril».
El debate sobre la libertad de expresión a menudo es muy diferente en Reino Unido del de, pongamos, EE.UU., donde enseñan sobre la Primera Enmienda a los niños en los colegios como parte de sus lecciones de historia, y en las que se la presenta como el núcleo mismo de los derechos y la imagen que la nación tiene de sí misma. Sobre si cree que los británicos deberían tener una constitución por escrito y una Primera Enmienda, Starmer responde: «Si vas a Estados Unidos te darás cuenta de que allí hay un sentimiento muy fuerte respecto a la extrema importancia de la libertad de expresión. Aquí no tenemos de eso, y en parte se debe a nuestra historia. Creo que tener un sistema legal corriente, sin derechos positivos, no resuena igual. Lo cierto es que no podemos afirmar que tuviéramos un derecho positivo a la libre expresión hasta que llegó la Ley de derechos humanos, y fue hace 14 años cuando realmente entró en vigor, en el año 2000».
Dado lo altamente emocional del debate sobre la Ley de derechos humanos en los medios ingleses —y a nivel de Reino Unido, hasta cierto punto—, mayoritariamente de tono negativo, no sorprende que Starmer reconozca que el público no la ve como una fuerza positiva, ni entiende lo que esta abarca. «Soy un firme partidario de la Ley de derechos humanos. No me gustaría verla revocada ni enmendada, pero podría aceptar que no hubo un debate lo bastante amplio cuando se aprobó. Creo que la gente no aprecia todo lo que esta constitución, y esta ley en concreto, les da en realidad».
Su entusiasta defensa de la Ley de derechos humanos ha atraído la atención de varios comentaristas de los medios de comunicación, que lo han puesto cara a cara con el lobby anti derechos humanos en algunos canales. Sin embargo, claramente, el tema le apasiona: «Creo que el Convenio Europeo y, por extensión, la Ley de derechos humanos están elaborados de forma muy inteligente. Si se dividen los derechos entre derechos absolutos y derechos restringidos, la libertad de expresión debería ser un derecho restringido. No acepto la idea de que se puede decir lo que uno quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de límite. Tenerlo como derecho restringido al amparo del convenio y, por lo tanto, de la Ley de derechos humanos, me parece un enfoque prudente con el que el derecho queda asegurado. A partir de ahí, es cosa de quien quiera restringirlo razonar por qué hay que hacerlo, y en tal caso ha de ser necesario y proporcional. Creo que ese es un enfoque perfecto. En mi opinión, funciona muy bien y no me gustaría trastocarlo».
En esencia, cree que todo se reduce a lo siguiente: «La libertad de decir lo que otra gente quiere oír no es tan valioso y no sería tan polémico, porque nadie querría restringir la capacidad de esa persona para decir lo que quieren oír. Donde la libertad de expresión tiene miga es cuando dices cosas que los otros no quieren oír».
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Rachael Jolley es editora de Index on Censorship magazine
Breve biografía
Sir Key Starmer fue director de la fiscalía de Inglaterra y Gales de 2008 a 2013.
En 2007 el directorio Chambers & Partners lo nombró Consejero de la Reina del Año en el campo de los derechos humanos y el derecho público.
En 2005 ganó el premio Sydney Elland Goldsmith del Consejo de Abogados por su extraordinaria contribución a su trabajo altruista contra la pena de muerte por todo el Caribe.
Entre 2003 y 2008, Starmer fue consejero de derechos humanos de la Junta de la Policía de Irlanda del Norte.
Ha escrito varios libros de texto; entre ellos, Three Pillars of Liberty: Political Rights and Freedoms in the UK (1996), European Human Rights Law (1999), Criminal Justice, Police Powers and Human Rights (2001) y Human Rights Manual and Sourcebook for Africa (2005).
Prestó asesoramiento gratuito a los acusados en el caso McLibel.
This article originally appeared in the spring 2014 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Censors on campus” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2012%2F09%2Fcensors-on-campus-2%2F|||”][vc_column_text]Our special report explores how wider society suffers when the space for academic freedom shrinks.
With: May Witwit; Sinfah Tunsarawuth; Bart Knols[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”39538″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2012/09/censors-on-campus-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Las mentiras y los bulos se extienden como la pólvora en la era de las redes sociales. ¿Cómo pueden evitar los periodistas (y los lectores) caer en el engaño? Alastair Reid comparte sus consejos “][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Apps de redes sociales en un smartphone, Jason Howie/Flickr
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Un truculento vídeo circuló extensamente por internet en 2012. En él salían dos hombres aterrorizados, con el pecho descubierto, sentados contra un muro de ladrillo rojo mientras una figura vestida de militar se alzaba sobre ellos, poniendo en marcha una motosierra. Desde fuera del encuadre, alguien vociferaba órdenes en árabe. Los hombres eran brutalmente asesinados.
El vídeo lo publicaron las fuerzas contrarias al gobierno de Siria como prueba de los crímenes de guerra cometidos por el régimen de Assad. Pero no era lo que parecía. El vídeo se había originado cinco años atrás, en México, donde los cárteles de drogas llevan mucho tiempo ejecutando violentamente a sus oponentes. En un golpe de astucia, alguien dobló el sonido para que sirviese de propaganda, y muchos se lo tragaron.
Las noticias inventadas no solo provienen de «lobos solitarios» que se dedican a extender bulos por internet. Gobiernos como el mexicano o el turco y otras organizaciones políticas se están aficionando a utilizar las redes sociales para manipular y extender información falsa. Siempre se ha esperado de los periodistas que utilicen sus habilidades detectivescas para encontrar la fuente del material. Pero con el potencial de las denuncias online de influir en el contenido informativo de todas partes del mundo —mucho más rápido que las noticias impresas—, las probabilidades de que circulen falsedades como si fueran hechos son más altas que nunca. Afortunadamente, la tecnología también nos ha dotado de un nuevo surtido de herramientas que pueden ayudarnos a discernir si quienes cuentan la historia también dicen la verdad.
La verificación online sigue los mismos principios básicos afianzados durante décadas de prensa escrita: sospecha de todo, siempre ten más de una fuente para cada declaración e identifica el quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Cada vez es más frecuente que personas de a pie, interesadas en analizar a fondo una noticia antes de creérsela, perfeccionen este tipo de técnicas.
La forma más habitual de desinformación digital es la reutilización de imágenes antiguas en el contexto de una noticia nueva. A muchas de las noticias de más calado las suelen acompañar imágenes recicladas. Ha pasado durante la guerra de Siria con inquietante frecuencia, pero también fue evidente durante los atentados de París de noviembre de 2015, el secuestro de Bamako en Mali, una semana después, y el terremoto de Nepal del pasado abril. (¿Recordáis la foto de los dos pequeños abrazados que estuvo circulando después del terremoto? La sacaron en Vietnam en 2007.)
El modo más rápido de comprobar el trasfondo de una foto en internet es hacer una búsqueda invertida de la imagen (esto es, una búsqueda generada a partir de una imagen en lugar de con palabras). Google tiene archivados cientos de miles de millones de imágenes, y cualquiera puede subir un archivo de imagen o pegar la URL de una foto en su barra de búsqueda para contrastarla con las coincidencias de la base de datos. Se puede echar una red aún más amplia con un plug-in de Google Chrome llamado RevEye, que comprueba las bases de datos de Google, Tiny Eye, Bing, la compañía web rusa Yandex y el buscador chino Baidu. Si hubieran utilizado estas sencillas herramientas, muchas entidades informativas se habrían evitado el bochorno de publicar imágenes antiguas como si fueran nuevas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
El decálogo del periodista para la verificación de los hechos
En un mundo rebosante de novedosos trucos digitales, los periodistas no deberían olvidarse de las técnicas tradicionales de verificación, afirma un ex editor de prensa
PETER SANDS
¿Puedes demostrarlo? Esas son probablemente las palabras que más pronuncié durante mis años como editor de un diario. Había reporteros entusiastas que siempre venían con la libreta llena de rumores: un miembro del parlamento ha dejado a su mujer, han suspendido al jefe de policía… Luego los lanzaban en la reunión diaria de la redacción. Entonces yo, exagerando el tono de desencanto, hacía la pregunta clave: «¿Puedes demostrarlo?» Nunca volvía a oír ni la mitad de aquellas historias.
Contábamos con la ventaja de que, si nos llegaba una pista a mediodía, teníamos nueve horas para encontrar el modo de demostrarla. Si no habíamos conseguido pruebas irrefutables para entonces, a veces nos dábamos otras 24 horas. En el mundo digital de hoy, hay mucha presión por apretar el botón en cuanto cualquier historia sin solidez alguna se pasea por nuestra cronología de Twitter. Y la prisa por publicar se traduce en historias verdes, fotos anticuadas y errores fácticos en webs que ya se lo tendrían que saber. La ironía es que verificar datos nunca ha sido tan fácil. Mi equipo solía ir todos los días a nuestra biblioteca a consultar Dod’s Parliamentary Companion (el libro anual con las biografías y datos de contacto de los miembros del parlamento), Bartholomew’s Gazetteer (referencia vital para datos topográficos) y nuestros propios recortes. Ahora se puede comprobar casi todo en internet. ¿Por qué no lo hacemos? Como muestra Spotlight, la oscarizada película de Hollywood sobre el periodismo de investigación, buscar las fuentes, comprobar y volver a comprobar es la base para descubrir si puede demostrarse una noticia. En un mundo de noticias las 24 horas y todo digital, no deberíamos olvidar las técnicas de toda la vida. A saber:
1 Sospecha de todo. No te fíes de nada. Comprueba si hay intereses velados. No confíes en nadie, ni siquiera en un buen contacto.
2 Tu labor es confirmar cosas. Si no puedes, vuelve a intentarlo. Si te resulta imposible, no lo publiques.
3 Siempre acude a las fuentes principales. Pregúntale al jefe de policía si lo han suspendido. Pregúntale al director de autoridad. Si no quieren hablar, encuentra a los miembros del comité: a todos. Cuando asesinaron a mi vecino, el periódico local lo sacó en primera plana y estaban tres cosas mal. Nadie del periódico había llamado a la familia (ni a mí, ya puestos). Nadie se había molestado en hacer el esfuerzo. Una vergüenza.
4 Cumple la regla de las dos fuentes. Verifica todo a través de dos fuentes fiables como mínimo. Al poder ser, que conste en acta.
5 Sírvete de expertos. Hay universidades, académicos, especialistas que pueden avisar si falta credibilidad. Además, los expertos conocen a otros expertos.
6 Todas las historias dejan un rastro de papel. Siguen existiendo archivos (prueba con LexisNexis), documentos judiciales, Company House, Tracesmart. ¿Alguien ha cometido el mismo error en el pasado?
7 Pregúntate a ti mismo las cuestiones clave. ¿Qué más puedo mirar? ¿Con quién más puedo hablar? ¿Está equilibrado? ¿Escribí primero el titular y forcé el cuerpo de la noticia para que encajase?
8 Asegúrate de que los lectores entienden qué es opinión y qué es un hecho constatado. Y esto incluye el titular.
9 Preocúpate por las pequeñeces. Fechas, ortografía, nombres, cifras, estadísticas. No te olvides de quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué.
10 Evalúa los riesgos. Hay veces en las que, pese al riguroso proceso de comprobarlo todo, una noticia puede quedarse al 99%. Si el instinto y el interés público te dictan que publiques, pásaselo al editor o editora. Para eso le pagan. Y, si has seguido las otras nueve reglas religiosamente, con suerte no tendrá que hacerte la pregunta clave.
Peter Sands es exdirector del diario británico Northern Echo y dirige la consultoría de comunicación Sands Media Services
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
El proceso se complica en el caso de los vídeos, ya que contrastar cada fotograma de un vídeo con cada uno de los fotogramas de todos los vídeos de una base de datos requiere los niveles de cálculo numérico de un superordenador. Una alternativa es coger la imagen del thumbnail y utilizarla en una búsqueda de imágenes invertida: puede que así salgan otros vídeos que contengan la misma imagen. Si no, otro método que puede dar resultados es buscar las palabras clave asociadas a tu vídeo en plataformas de contenido audiovisual.
Así pues, con paciencia y las herramientas adecuadas, por lo general no es imposible decidir si una imagen o vídeo, nuevos en apariencia, son reciclados. Lo que ya es más difícil es determinar si las imágenes que son nuevas muestran realmente lo que dicen mostrar. Por supuesto, dar con la persona que subió la imagen y hablar con ella directamente es la forma más segura de obtener la información correcta; lo ideal es que te envíen el archivo original.
Si lo anterior falla, merece la pena recordar que todas las cámaras digitales incluyen metadatos en sus archivos fotográficos, entre los que se incluyen las coordenadas GPS, la hora en la que se sacó la imagen y el tipo de cámara utilizado; todas ellas, pistas vitales en nuestra investigación. A menudo estos detalles se pueden ver subiendo la imagen a una página gratuita como Keffrey’s Exif Viewer (Exif, que significa exchangeable image file format, es el nombre técnico de estos metadatos). Por desgracia, los vídeos no incluyen ningún dato de este tipo, y las redes sociales eliminan los metadatos por completo, de modo que una imagen que haya pasado por Facebook, Twitter y demás ofrecerá poca información. En estos casos, harán falta técnicas más creativas.
Pese a que consume mucho tiempo, buscar las correspondencias entre las ubicaciones de vídeos e informes y las imágenes por satélite facilita a menudo las pruebas de ubicación más claras de todas. Una noticia reciente lo ilustra claramente: las fuerzas rusas empezaron a bombardear zonas de Siria a finales de septiembre, después de que el presidente Bashar Assad solicitase formalmente su asistencia en su enfrentamiento con grupos rebeldes y yihadistas. Poco después, el ministro de defensa ruso comenzó a publicar vídeos de los bombardeos (capturados por los bombarderos cuando arrojaban su carga) en su canal de YouTube.
Según el gobierno ruso, los ataques aéreos alcanzaban objetivos pertenecientes al Estado Islámico. Pero al recibir informes desde el terreno de que la mayoría de los bombardeos tenían como objetivo grupos no involucrados con el EI, varios voluntarios y periodistas de la página de código abierto Bellingcat decidieron investigar. Tras comparar los vídeos del ministerio con las imágenes por satélite de los lugares que afirmaban mostrar, descubrieron que solo podían confirmar el 25% de los ataques que decían haber alcanzado el lugar supuesto, y que la mayoría de los objetivos ni siquiera eran posiciones del EI. El resto había alcanzado territorios controlados por otros grupos, respondiendo a la petición de Assad de apoyo militar en el país.
Sin embargo, la mayoría de las fotos tomadas por testigos se hacen a la altura del suelo, así que los servicios «Street view» de mapas web como los de Google o Yandex juegan un papel vital en la verificación de imágenes. Gracias a la identificación de señales y referencias en una foto o un vídeo, muchas organizaciones informativas han podido reducir la lista de ubicaciones posibles hasta lograr una coincidencia. Es crucial contar con informes e imágenes que lo corroboren, para lo que vienen bien herramientas como Yomapic, que muestra fotos con etiquetas geográficas sacadas de webs de redes sociales en ubicaciones de todo el mundo.
Determinar que una foto o un vídeo se tomó en el momento que asegura la fuente es otro problema, pero uno que que las nuevas tecnologías digitales también pueden ayudar a solventar. Los mejores indicadores temporales los suministra la propia naturaleza: el tiempo atmosférico y el ángulo del sol. Muchos sostienen que el vuelo MH17 fue derribado en julio de 2014 por un misil Buk ruso. Fuentes online han facilitado fotos y vídeos de un Buk, asegurando que las habían sacado en la ciudad ucraniana de Zuhres, a unos 30 kilómetros del lugar donde se estrelló el avión ese mismo día. Los mapas y las referencias visuales demuestran que el vídeo es de Zuhres, ¿pero cómo se puede demostrar de cuándo es?
La web Wolfram Alpha guarda, entre otras muchas cosas, datos históricos del tiempo meteorológico de todas las ubicaciones del mundo. Bellingcat investigó los datos correspondientes a Zuhres en el momento del accidente: coincidía con las condiciones meteorológicas de las fotos. Luego acudieron a Suncalc, una herramienta online que muestra el ángulo del sol —y, por lo tanto, las sombras— de cualquier ubicación del mundo en cualquier momento. Una vez más, los datos se correspondían con las imágenes. Aunque no se trata de pruebas irrefutables, Bellingcat reconstruyó los hechos con la garantía suficiente para alegar que había un lanzador de misiles Buk en ese momento y lugar concreto.
La proliferación de los smartphones, las redes sociales y la conectividad online han producido nuevos recursos de gran potencia para verificar datos. También ofrecen una amplitud sin precedentes a la expansión de las mentiras y la propaganda. A medida que las posibilidades de desinformación se multiplican, es más importante que nunca que los periodistas, así como el público en general, den buen uso a sus habilidades analíticas y de verificación antes de fiarse de las noticias que les cuentan.
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Alastair Reid es editor jefe de First Draft, una coalición de organizaciones que trabajan con redes sociales y periodismo, y se especializa en la recopilación y verificación de noticias online. Para más información, visita firstdraftnews.com
This article originally appeared in the spring 2016 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Staging Shakespearean dissent” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2016%2F02%2Fstaging-shakespearean-dissent%2F|||”][vc_column_text]This year brings the 400th anniversary of William Shakespeare’s death and Index on Censorship is marking it with a special issue of our award-winning magazine, looking at how his plays have been used around the world to sneak past censors or take on the authorities – often without them realising. Our special report explores how different countries use different plays to tackle difficult theme
With: Dame Janet Suzman; Kaya Genc; Roberto Alvim[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80568″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2016/02/staging-shakespearean-dissent/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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3 May 2018 | Journalism Toolbox Spanish
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La escasez de papel de periódico en Venezuela ha obligado a algunos periódicos a cerrar, pero los medios digitales se están expandiendo con rapidez para ocupar su lugar y mantener a la gente al tanto de las últimas noticias. Luis Carlos Díaz informa desde Caracas”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Un hombre vende periódicos en Caracas, Venezuela, FStoplight/iStock
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En mayo, El Impulso, un periódico venezolano con más de 110 años de andadura, anunciaba su cierre. No era la primera vez. Hicieron un anuncio parecido en enero, y otro en febrero. Cada vez, los periodistas trabajaban a destajo, las páginas seguían maquetándose y había noticias de sobra. Pero algo detenía a las imprentas: no había papel.
El papel escasea en Venezuela desde hace dos años. En 2013 cerraron 10 periódicos, y muchos más han reducido su tamaño.
Los noticieros digitales están tomando el relevo y muchos periódicos han tenido que reexaminar su estrategia. El Correo del Caroni pasó de tener 32 páginas a ocho y El Nacional redujo su sección de noticias, eliminó las de cultura y deporte y se deshizo de las revistas y el suplemento literario. Hasta el Diario Vea, favorable al gobierno, anunció varias veces que estaba condenado, aunque fue rescatado más adelante.
Internet se ha convertido en el lugar donde la información procedente de todas partes del país fluye de forma más libre y espontánea. En Venezuela, un país de 29 millones de habitantes, internet solo llega al 54% de la población, pero proliferan los emprendedores digitales a medida que la gente intenta atraer a nuevos usuarios. Los ejemplos son abundantes. Entre los nuevos sitios de noticias se encuentra Poderopedia.org, lanzado en junio por un periodista de la prensa tradicional que, descontento con la situación, buscaba investigar los vínculos entre la clase política, los empresarios y los oficiales del ejército.
SIC, la revista más antigua del país, dirigida por un centro político jesuita de Caracas, ha decidido imprimir con pérdidas este año mientras trabaja en una estrategia de digitalización. La revista se enfrenta además al reto de atraer a sus suscriptores —de 56 años de media— a lo digital. La diferencia clave entre el paisaje mediático de Venezuela y el del resto del mundo es que, cuando la gente habla del fin del periodismo impreso en otros lugares, normalmente se trata de un debate sobre el cambio tecnológico; en Venezuela, es diferente. Allí, la migración a plataformas digitales es una manera de atenuar una crisis por la falta física de papel.
Fue Andiarios, una organización periodística sin ánimo de lucro de Colombia, quien rescató a El Impulso al intervenir con un envío urgente de papel. «Esto nos permitió imprimir un mes más», dice Carlos Eduardo Carmona, el presidente del diario. «Seguimos sobreviviendo día a día. Los jefes de sección se sienten como bomberos aquí, controlando emergencias constantemente».
La inflación en Venezuela ya era incapacitante (la tasa oficial en 2013 era del 60%), pero entre junio de 2013 y enero de 2014, el coste de imprimir en el país se encareció un 460%.
La carestía de papel no es más que una de las muchas peculiaridades de Venezuela. Esta economía basada en el petróleo ha formado un estado con un punto débil crónico en su mismo centro. Poco se produce de forma doméstica; casi todo es importado, incluso medicinas, alimentos básicos y recambios de automóvil. Y estos productos no se pueden comprar libremente en el mercado internacional. Todas las adquisiciones tienen que hacerse a través del estado, lo que crea un sistema extremadamente complicado que puede llevar a la escasez.
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La economía de Venezuela: cómo funciona
En 2003, el entonces presidente Hugo Chávez puso en marcha una ley de cambio de divisas internacionales que convirtió al gobierno en único administrador de la compraventa de dólares, al provenir estos de la industria estatal del petróleo. La ley estaba pensada para evitar la fuga de capitales y controlar el precio de alimentos básicos. Al mantener los dólares a un precio subvencionado por el gobierno, es más barato importar productos que producirlos en el país.
Actualmente Venezuela cuenta con cuatro tasas de cambio: la Tasa Cencoex, a 6,30 bolívares por dólar (solo para importaciones del estado); la Tasa Sicad 1, a 10 bolívares por dólar (en ventas a empresas controladas por el estado); la Tasa Sicad 2, a 50 bolívares por dólar (en ventas a ciudadanos controladas por el estado), y la tasa del mercado negro, que va de 65 a 80 bolívares por dólar: una tasa ilegal que, pese a no ser oficial, es común en la calle. El estado ha intentado centralizar todas las variables económicas, pero no le ha salido bien.
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El presidente Hugo Chávez pasó en 2003 una ley de cambio de divisas extranjeras que hace que sea el gobierno el único organismo habilitado para administrar la compraventa de dólares. Además, el gobierno también tiene una lista de productos prioritarios para los que concede el uso de dólares y en agosto de 2012 decidió eliminar al papel de la lista, incrementando los costes y las dificultades para el que intentase importarlo.
El efecto no empezó a notarse hasta un año después, cuando se hizo evidente que los suministros de papel se habían agotado y la carestía de papel higiénico a nivel nacional saltó a los titulares de todo el mundo. El daño sufrido por la industria del periódico, sin embargo, fue duradero. Los grandes diarios del país redujeron su número de páginas durante los siguientes seis meses, deshaciéndose de secciones y suplementos enteros.
Aunque fue en 2012, con la decisión del gobierno, cuando comenzó la crisis per se, esta se exacerbó por una sucesión de protestas que se iniciaron en febrero de 2014. Una serie de manifestaciones juveniles que exigían la dimisión del gobierno se tornaron rápidamente en enfrentamientos violentos, en los que hubo 42 muertos y más de 3.000 arrestos. En las semanas previas a las protestas, se habían celebrado manifestaciones de periodistas y estudiantes de periodismo en Caracas, Barquisimeto y Ciudad Guayana, acompañadas de una campaña en las redes sociales. El Bloque de Prensa, una organización de editores afiliados, calculó que existía una deuda a proveedores de al menos 15 millones de dólares estadounidenses.
El gobierno respondió centralizando la compra de papel un día antes de la protesta de más envergadura. A raíz de ello, ahora solamente existe una entidad autorizada para comprar papel al extranjero, y todos los periódicos y la industria editorial dependen de ella para obtener su suministro.
Carmona, de El Impulso, afirma que el proveedor de papel del estado solo cubre la mitad de la demanda de papel del país. Al contrario que otros periódicos, no se ha sentido presionado aún a cambiar su postura editorial oposicionista, pero el tamaño del diario sí se ha reducido de 48 páginas a 12 o 16. «No queremos cerrar, pero tampoco queremos formar parte de un conjunto mediático pírrico con presencia limitada. Ya no tengo espacio para reportajes. Hemos recortado información, reducido el tamaño de la tipografía y el interlineado. Tenemos menos imágenes y las noticias son telegráficas y de peor calidad, pero al menos seguimos funcionando».
Estadísticas oficiales sobre compras de dólares de enero a abril de 2014 revelan que se aprobaron 7,41 millones de dólares estadounidenses para papel destinado a los medios. Y el 85% de esta cantidad (6,3 millones de dólares) fue para Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación del país, comprado en 2013 con capital vinculado al gobierno. Tras la adquisición, Últimas Noticias cambió su postura editorial a una progubernamental. Desde aquello, muchos de sus periodistas principales han dimitido o han sido despedidos.
Miguel Henrique Otero es editor jefe de El Nacional, actualmente el único periódico opuesto al gobierno en Caracas desde que El Universal se vendiera en julio. «El gobierno sabe perfectamente cuáles son las necesidades de los diarios. Saben que aprobaron divisas para comprar papel, pero no pagan por motivos desconocidos, que suponemos son políticos. Lo único que han de hacer es comprar una cadena mediática, una que se doblegue ante ellos, para que empiece a fluir el dinero», dice Otero.
Mariaengracia Chirinos, investigadora de comunicaciones y miembro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, cree que la escasez de papel afecta más a los lectores que a las empresas: «La información ahora llega a medias. Tiene que recurrir a otros espacios y a la autoedición, que a veces es bueno, pero cuando es una respuesta a ciertas restricciones, también puede afectar la capacidad de la ciudadanía para elegir de dónde obtienen la información».
La polarización ha sido intensa en Venezuela desde el golpe de estado de 2002, pero las últimas elecciones en 2013, tras la muerte del divisivo líder Hugo Chávez, han acrecentado la frustración de los activistas de la oposición, al disputar los resultados (el margen de victoria de Nicolás Maduro fue solo del 1,49%). Fernando Giuliani, psicólogo social, explica que «la polarización es tan extrema que los medios del estado no dejan nada de espacio para temas de la oposición, ni en las noticias ni en opinión. Hemos quemado los puentes y ya no queda sitio para el diálogo».
Lo que Venezuela necesita por encima de todo es la puesta en marcha de canales de información que sean fiables y consigan acrecentar la fidelidad del público. Para los medios venezolanos, al ser los costes tan altos, la cantidad de lectores prima por encima de la calidad del contenido. Hoy por hoy, todos los usuarios digitales del país navegan sin ayuda por el complejo ambiente mediático, buscando el modo de procesar la información en un entorno en el que es difícil dilucidar las jerarquías que dominan las redes. Lo que tenemos no basta para enterarnos de lo que está pasando, pero sí está empoderando a la ciudadanía para decidir por sí misma.
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Luis Carlos Díaz es un periodista venezolano radicado en Caracas.
This article originally appeared in the autumn 2014 issue of Index on Censorship nagazine
Traducción de Arrate Hidalgo
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With: Iona Craig, Taylor Walker, Will Gore[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”80562″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2014/09/seeing-the-future-of-journalism/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
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