MAGAZINE
Águila legal
03 May 2018
BY RACHAEL JOLLEY

Ex director de la fiscalía pública de Inglaterra y Gales, y recién investido como caballero, Sir Keir Starmer habla del derecho a ofender, de los retos legislativos de las redes sociales y de la protección de informantes con Rachael Jolley, editora de Index

Sir Keir Starmer, Chris McAndrew/Wikimedia Commons

Sir Keir Starmer no es de los que esquivan los desafíos, ni de los que gustan de tirarse a la bartola. No por nada aceptó el puesto de director de la fiscalía pública (DPP en sus siglas en inglés) de Inglaterra y Gales, supervisando el servicio de fiscalía, un trabajo que algunos han descrito como «un regalo envenenado». Durante los cinco años que estuvo en el puesto, apareció en televisión más a menudo que sus predecesores y ayudó a crear conciencia sobre su papel. También supervisó la puesta en marcha de nuevas directrices para fiscales en casos de maltrato a mujeres y niñas, abusos sexuales a niños y casos relacionados con las redes sociales. Sir Keir es una de esas personas increíblemente brillantes, con la capacidad de hablar de ideas complejas y llegar hasta el tuétano, todo ello usando un lenguaje práctico que quienes no son abogados pueden entender perfectamente. Esta es una habilidad que tal vez lo pertreche bien para un cambio de dirección, en caso, como se ha planteando, de que se presente a miembro del parlamento por el partido laborista en las próximas elecciones generales británicas de 2015.

Sentado en la sala de juntas en Doughty Street, un gran bufete especializado en libertades civiles y derechos humanos, está instantáneamente relajado, pese a la evidente multitud de cosas que reclaman su tiempo. Además de sus casos diarios, acaba de aceptar un expediente del líder británico de la oposición Ed Miliband para analizar cómo se entrevista a las víctimas y los testigos en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, está preparándose para unirse a una investigación de genocidio postconflicto con el equipo legal de Croacia en el Tribunal Internacional de Justicia. Cuando pasamos por al lado de unos televisores que retransmiten un debate sobre si los agentes de policía armados deberían llevar puestas cámaras de vídeo en el futuro, comenta que «es algo positivo». «Hasta con la mejor de las intenciones, intentar recordar lo sucedido está sembrado de dificultades».

Nos acomodamos para hablar sobre un tema distinto, si bien uno en el que invirtió un tiempo considerable durante su puesto como DPP: considerar nuevas directrices para la policía en torno a las redes sociales, así como la función que estas han de cumplir en la sociedad en el futuro. Cree que no ha habido suficiente debate político alrededor de cómo habría que cambiar las leyes que se han quedado obsoletas en este ámbito.

«Lo primero de todo es que no ha habido un debate político sobre cuáles deberían ser los límites de la libre expresión en esta nueva era. No lo ha habido, simple y llanamente. Ha habido debates en el pasado sobre la libertad de expresión y el derecho penal, o sobre la libertad de expresión y el orden público, y ha suscitado opiniones muy enérgicas sobre el punto en el que habría que trazar la línea. Pero ni siquiera hemos tenido el otro debate. Así que nos encontramos en un momento muy peculiar».

Le preocupa que los políticos no parezcan tener este tema concreto en sus programas, y que no los ve «con ganas». Menciona, como ya lo ha hecho en público con regularidad, que en Inglaterra y Gales la policía sigue recurriendo a la Ley de comunicaciones de 2003, que se remonta a legislación diseñada en 1930 para proteger las sensibilidades de las operadoras que conectaban llamadas en las centrales telefónicas.

A la pregunta de si cree que hay proyectos legislativos en ciernes, responde: «No esperaría que se hicieran públicos antes de las elecciones y, hasta donde yo sé, ninguno de los partidos está poniéndose en forma para hacerles frente». Está convencido de que esta problemática área de la ley ha de tenerse más en cuenta. «Creo que tenemos que tener un debate abierto acerca de cuáles son los límites. Ahora mismo estamos utilizando legislación anticuada para intentar lidiar con un nuevo fenómeno».

El auge en crecimiento de las redes sociales provoca multitud de preguntas, afirma Sir Keir. Una de las formas en las que hemos juzgado el lenguaje, el debate y la ofensa en el pasado es según dónde se diga; por ejemplo, en casa, en el trabajo o en un espacio público. La ubicación es relevante por el número de personas que habrían escuchado la conversación. Ahora la gente puede mandar tuits o publicar estados desde su dormitorio, y el elemento de dónde se está cuando se hacen los comentarios no cambia mucho las cosas. Otro factor es que la gente se comunica de forma distinta por redes sociales que como lo harían cara a cara; a veces más abiertamente, otras de forma más descortés, o más sincera, quizás más ofensiva. «Por lo tanto», dice Sir Keir, «se arriesgan más, utilizan un lenguaje distinto, y esto a su vez suscita otras cuestiones».

Añade: «Es especialmente complicado, porque hasta ahora, a grandes rasgos, la libre expresión la habían gobernado factores como dónde dices lo que dices y cuál ha sido la reacción. Ahora, gran parte está cubierta por la Ley de orden público, que no es donde normalmente buscarías una cláusula sobre libre expresión. Pero todo eso iba sobre si lo que dices perturba el orden público y, por lo tanto, hablando en general, puedes decir mucho más en el salón de tu casa que en la calle. Puedes decir muchas cosas mientras no provoquen que la gente quiera ponerse a causar disturbios, pero no si tienen este efecto. Es cierto que se ha discutido sobre si eso está bien o mal, pero este equilibrio se ha mantenido en mayor o menor medida durante muchos años».

¿Dónde nos deja todo esto? «El debate que vamos a tener que resolver es el siguiente: cuál es el equilibrio adecuado entre el derecho penal y la libertad de expresión en lo concerniente a las redes sociales? Y este debate apenas ha comenzado».

De cara al futuro, aún quedan muchos retos, y Starmer, como la mayoría de la gente, no tiene claro cómo serán o de qué forma se utilizarán las redes sociales dentro de diez años, o el impacto que tendrán esos cambios.

«¿En qué acabará todo? No lo sé, pero creo que no hay vuelta atrás, y por eso a primera vista cualquiera es libre de difundir su vida de un modo que antes, simplemente, no era posible. En el pasado, si alguien quería que cientos de miles de personas supieran lo que pensaba, a menos que utilizase un medio de difusión establecido, no podía hacerlo; ahora lo puedes hacer desde tu salón. No hay vuelta atrás. No hay ni la más remota posibilidad de una vuelta atrás».

A nivel global existen debates sobre el rol de las redes sociales en la «vigilancia» o el borrado de contenido y los momentos en los que esto podría ser o no necesario.

Nadie insinuaría que las plataformas no tienen ningún tipo de rol en lo que se «retransmite», asevera Starmer, y su test está relacionado con el principio del perjuicio: «Si [los mensajes o tuits] son explícitos y contienen amenazas auténticas de asesinato, o amenazas terroristas, no creo que un proveedor de servicios hiciera otra cosa que no fuera eliminarlos rápidamente. Así que alguien que diga que no hay ningún tipo de responsabilidad, creo yo, olvida que, en esas circunstancias, no creo que haya un solo proveedor de servicios que no lo quitase. Es lo que hacen en todas las demás situaciones».

Como indica, estas plataformas operan a nivel global, y la pregunta es, por lo tanto, a qué leyes o normas sociales se atienen. «¿Aplicamos el test en el país más restrictivo de todos y luego lo aplicamos a todos los demás, asegurándonos así de que no se quebranta la ley penal de ningún sitio, lo cual significa que estaríamos todos sujetos a una legislación de la libertad de expresión extremadamente restrictiva? ¿O vamos a por la más generosa, lo que significa que es probable que violemos leyes estatales en numerosas ocasiones?».

Reconoce que es probable que no vaya a desarrollarse un derecho penal internacional en este ámbito y, por lo tanto, si va a haber algún tipo de intervención de la justicia penal, esta dependerá de leyes nacionales. Así que no es tan sencillo cuando se trata de una plataforma global. «Sí que complica bastante la vida cuando hablamos de comunicaciones que dan la vuelta al mundo a gran velocidad».

Y añade: «Existen normas internacionales sobre ciertos tipos de conductas, normalmente en lo que respecta al maltrato. Es posible que a medida que pase el tiempo tengan que desarrollarse normas internacionales, y podría decirse que existe un acuerdo emergente de que estos son, como mínimo, los contornos de lo que debería estar a disposición de todos».

Pese a ser un firme defensor de la libre expresión, no cree en una sociedad sin leyes ni en la libertad total. «No puede existir una zona sin ley. Dejando totalmente aparte las amenazas de terrorismo y las amenazas reales de violencia, amenazas de peso que es probable que se lleven a cabo, también están las órdenes judiciales. ¿Qué hacemos con el anonimato de una víctima de violación? Existen razones para que las víctimas de estos casos tan delicados se mantengan en el anonimato, y si vas y dices que no importa que se quebrante la orden judicial porque estás usando las redes sociales, lo que haces es socavar completamente los sistemas judicial y penal, y retirar la protección que les corresponde a víctimas en situaciones de alta vulnerabilidad».

Starmer ha obtenido amplio reconocimiento por haber ayudado a instaurar una cultura de mayor transparencia en el Servicio de Enjuiciamientos de la Corona (CPS en inglés) mientras fue su director. Concuerda en que la posición cambió mientras él estuvo en el cargo: «Creo sinceramente y tengo la esperanza de que la gente también pueda decir que el CPS es hoy una organización mucho más transparente de lo que jamás lo fue en el pasado. Creo que ha hecho mucho bien. Y creo que la gente confía más en una organización que da explicaciones más a menudo».

También cree que toda la sociedad británica y sus instituciones han experimentado un cambio de dirección hacia una mayor transparencia, y hacia una creencia en la importancia de explicar decisiones y debatirlas abiertamente. «En mi antiguo puesto como director de la fiscalía, por ejemplo, antes se veía como algo negativo que se debatiese públicamente si el DPP había hecho algo bien o mal. Algunos creían que era mejor que no hubiera debate, antes que tener transparencia y asumir responsabilidades. Estoy en profundo desacuerdo con eso, pero es algo que creo que ya hemos dejado atrás».

Y cuando sale el tema de los informantes, debatimos sobre si en la legislación inglesa hay suficiente protección para las personas que deciden «filtrar» información en pos del bien común.

«Creo que cuando las leyes sobre informantes se aplican como es debido, funcionan bastante bien. Los problemas llegan con lo que la gente percibe que otorga esa protección o cuándo se puede decir que está mal aplicada. No digo que no puedan mejorarse las leyes. Siempre hay que tenerlas presentes y comprobar que están funcionando bien en la práctica, pero es importante la existencia de una protección legal, como también es importante que todo el mundo la aprecie. Creo que mucha gente sigue partiendo de la idea, mal entendida, de que si filtras información clasificada estás obrando mal y que eso es algo que no puedes hacer».

Según esto, habría una confusión en el mismo centro de la sociedad, según la cual si alguien ha quebrantado la ley para hacer llegar información vital al dominio público, por necesidad ha hecho algo malo. «La única razón por la que se protege a quienes filtran información es que han tenido que hacer algo malo para hacer llegar la información adonde ellos creen que debería estar. Por lo tanto, la idea de que si alguien ha violado la ley tiene que estar necesariamente equivocado es un argumento estéril».

El debate sobre la libertad de expresión a menudo es muy diferente en Reino Unido del de, pongamos, EE.UU., donde enseñan sobre la Primera Enmienda a los niños en los colegios como parte de sus lecciones de historia, y en las que se la presenta como el núcleo mismo de los derechos y la imagen que la nación tiene de sí misma. Sobre si cree que los británicos deberían tener una constitución por escrito y una Primera Enmienda, Starmer responde: «Si vas a Estados Unidos te darás cuenta de que allí hay un sentimiento muy fuerte respecto a la extrema importancia de la libertad de expresión. Aquí no tenemos de eso, y en parte se debe a nuestra historia. Creo que tener un sistema legal corriente, sin derechos positivos, no resuena igual. Lo cierto es que no podemos afirmar que tuviéramos un derecho positivo a la libre expresión hasta que llegó la Ley de derechos humanos, y fue hace 14 años cuando realmente entró en vigor, en el año 2000».

Dado lo altamente emocional del debate sobre la Ley de derechos humanos en los medios ingleses ­—y a nivel de Reino Unido, hasta cierto punto—, mayoritariamente de tono negativo, no sorprende que Starmer reconozca que el público no la ve como una fuerza positiva, ni entiende lo que esta abarca. «Soy un firme partidario de la Ley de derechos humanos. No me gustaría verla revocada ni enmendada, pero podría aceptar que no hubo un debate lo bastante amplio cuando se aprobó. Creo que la gente no aprecia todo lo que esta constitución, y esta ley en concreto, les da en realidad».

Su entusiasta defensa de la Ley de derechos humanos ha atraído la atención de varios comentaristas de los medios de comunicación, que lo han puesto cara a cara con el lobby anti derechos humanos en algunos canales. Sin embargo, claramente, el tema le apasiona: «Creo que el Convenio Europeo y, por extensión, la Ley de derechos humanos están elaborados de forma muy inteligente. Si se dividen los derechos entre derechos absolutos y derechos restringidos, la libertad de expresión debería ser un derecho restringido. No acepto la idea de que se puede decir lo que uno quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de límite. Tenerlo como derecho restringido al amparo del convenio y, por lo tanto, de la Ley de derechos humanos, me parece un enfoque prudente con el que el derecho queda asegurado. A partir de ahí, es cosa de quien quiera restringirlo razonar por qué hay que hacerlo, y en tal caso ha de ser necesario y proporcional. Creo que ese es un enfoque perfecto. En mi opinión, funciona muy bien y no me gustaría trastocarlo».

En esencia, cree que todo se reduce a lo siguiente: «La libertad de decir lo que otra gente quiere oír no es tan valioso y no sería tan polémico, porque nadie querría restringir la capacidad de esa persona para decir lo que quieren oír. Donde la libertad de expresión tiene miga es cuando dices cosas que los otros no quieren oír».

Rachael Jolley es editora de Index on Censorship magazine

 

Breve biografía

Sir Key Starmer fue director de la fiscalía de Inglaterra y Gales de 2008 a 2013.

En 2007 el directorio Chambers & Partners lo nombró Consejero de la Reina del Año en el campo de los derechos humanos y el derecho público.

En 2005 ganó el premio Sydney Elland Goldsmith del Consejo de Abogados por su extraordinaria contribución a su trabajo altruista contra la pena de muerte por todo el Caribe.

Entre 2003 y 2008, Starmer fue consejero de derechos humanos de la Junta de la Policía de Irlanda del Norte.

Ha escrito varios libros de texto; entre ellos, Three Pillars of Liberty: Political Rights and Freedoms in the UK (1996), European Human Rights Law (1999), Criminal Justice, Police Powers and Human Rights (2001) y Human Rights Manual and Sourcebook for Africa (2005).

Prestó asesoramiento gratuito a los acusados en el caso McLibel.

This article originally appeared in the spring 2014 issue of Index on Censorship magazine

Traducción de Arrate Hidalgo

Censors on campus

Our special report explores how wider society suffers when the space for academic freedom shrinks.

With: May Witwit; Sinfah Tunsarawuth; Bart Knols

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Rachael Jolley

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