Mientras que los periodistas de la capital pueden refugiarse en lugares relativamente seguros después de trabajar en zonas peligrosas, los reporteros locales están permanentemente expuestos a las consecuencias de su trabajo. Una brutal ilustración de ello fue el asesinato el 15 de mayo de Javier Valdez, uno de los periodistas más afamados y respetados de México, en su Sinaloa natal. Valdez acababa de salir de su oficina de Ríodoce, un semanal de noticias fundado por él mismo, cuando unos hombres armados lo bajaron a la fuerza de su coche y lo obligaron a arrodillarse. Le dispararon 12 veces a quemarropa y acto seguido huyeron con su teléfono y portátil, abandonándolo boca abajo en la carretera. Su característico sombrero panamá estaba manchado de sangre.
Valdez era una autoridad en el campo de los bajos fondos de Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano. También era el periodista más prominente asesinado en años. En una entrevista con Index unos meses antes de su asesinato, habló de amenazas contra su periódico y lamentaba la falta de protección por parte del gobierno. Afirmaba: «Lo mejor sería llevarme a mi familia y abandonar el país».
En las semanas anteriores a su muerte, Valdez había estado involucrado en las consecuencias de un sangriento forcejeo por el poder dentro del poderoso cártel mexicano de Sinaloa. La violencia en la región se ha disparado desde que el líder Joaquín «El Chapo» Guzmán, de terrible fama, fuera extraditado a EE.UU. el pasado año, dejando a sus hijos Iván y Alfredo luchando por el control del cártel contra Dámaso López, su ex-mano derecha.
Cuando Valdez entrevistó a un intermediario enviado por López en febrero de 2017, los hijos de Guzmán llamaron a la sala de redacción de Ríodoce y les advirtieron acerca de publicar el artículo. Ofrecieron comprar toda la tirada, pero Valdez se mantuvo en sus trece. Cuando el periódico salió en distribución, miembros armados del cártel siguieron a los camiones de reparto por Culiacán y compraron todos los ejemplares. Los colegas de Valdez sospechan que fue su decisión de publicar la entrevista lo que le costó la vida.
Adrián López, editor de Noroeste, otro periódico de Sinaloa, contó a Index que la muerte de Valdez causó «mucha indignación, rabia y miedo» en la comunidad local. Según él, el haber puesto en el blanco a una figura tan conocida envía un mensaje contundente a los periodistas y activistas de México, así como a la sociedad al completo: «Si somos capaces de matar a Javier, somos capaces de matar a cualquiera».
López también ha vivido la interferencia editorial de los cárteles. En 2010, varios hombres armados dispararon 64 veces contra las oficinas de Noroeste, en la ciudad costera de Mazatlán. Los asaltantes habían amenazado a los empleados por teléfono horas antes, instándolos a atribuir los casos recientes de violencia a un cártel rival. «Decidimos no publicar lo que ellos querían porque nuestra postura es que no se puede decir que sí a semejantes exigendias», dijo López. «Si dices que sí una vez, después nunca podrás decir que no».
López sufrió unas circunstancias similares a las de Valdez en 2014, cuando unos hombres armados bloquearon su coche en la capital estatal de Culiacán. Los asaltantes le robaron el coche, la cartera, el teléfono y el portátil y le dispararon en la pierna. Semanas antes, varios reporteros de Noroeste habían recibido amenazas y palizas mientras cubrían el caso de Guzmán y el cártel de Sinaloa.
Según López, su periódico trabaja continuamente para mejorar sus protocolos de seguridad. Noroeste emplea a abogados para denunciar todas las amenazas contra ellos a las autoridades pertinentes, y han contratado a terapeutas que faciliten ayuda psicológica a los trabajadores. «La violencia con la que tratamos día tras día no es normal», explica López. «Necesitamos ayuda profesional para entender y hablar más sobre estas cosas, sobre el trauma que la violencia nos podría ocasionar».
Más de 100 periodistas mexicanos han sido asesinados desde 2000, y hay al menos otros 23 desaparecidos. En estos últimos tres años, cada año ha superado al anterior en cuestión de asesinatos, y este podría ser el más mortífero hasta la fecha, tras los 10 periodistas asesinados en los primeros ocho meses de 2017 (hasta agosto de 23). Las autoridades mexicanas a menudo están implicadas en los ataques. Artículo 19, organismo de control de la libertad de prensa, documentó 426 ataques contra medios de comunicación el pasado año; un incremento del 7% desde 2015. El 53% de esos ataques se atribuyen a ocupantes de cargos públicos o a las fuerzas de seguridad.
Alejandro Hope, analista de seguridad, contó a Index: «Las autoridades federales no han investigado ni procesado estos casos en condiciones. Han creado un entorno de impunidad que ha permitido que prosperen los ataques a la prensa».
En julio de 2010, el gobierno fundó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) con la intención de investigar los delitos cometidos contra los medios de comunicación. La agencia, que no respondió a la petición de Index de una entrevista, ha facilitado botones de alarma a los periodistas en peligro, les ha instalado cámaras de seguridad en casa y, en casos extremos, les ha asignado guardaespaldas. Pero hacia finales de 2016, de un total de 798 investigaciones, tan solo había logrado condenar tres autores de agresiones a periodistas.
En vista del empeoramiento de la violencia contra la prensa, el presidente Enrique Peña Nieto nombró en mayo de 2017 a un nuevo director que pudiese revigorizar Feadle. Al mes siguiente, su gobierno anunció recompensas de hasta un millón y medio de pesos (83.000 dólares) a cambio de información sobre los responsables de matar a periodistas.
Hope añadió que México ha progresado en cierta medida en lo que respecta a la libertad de prensa en décadas recientes, gracias a la proliferación de webs informativas críticas e independientes y la mejora del acceso público a información sobre el gobierno. Sin embargo, añadió, estas mejorías se han dado sobre todo en lo nacional, mientras que los periodistas de ciertas regiones operan «en un entorno mucho más difícil» a día de hoy.
Las mayores dificultades las entraña el tener que lidiar con las relaciones fluctuantes entre las autoridades locales y las bandas de narcos, dijo Hope. Citó el caso de Miroslava Breach, una respetada reportera asesinada en Chihuahua en abril de 2017 después de que investigara el vínculo entre políticos locales y el crimen organizado.
Hay poco motivo para el optimismo. México se prepara para las elecciones generales del año que viene, pero algunas campañas recientes ya se han visto perjudicadas por acusaciones de fraude electoral e intimidación. Hope advirtió de que las elecciones podrían perturbar la estabilidad de pactos existentes entre criminales y políticos, dificultando aún más el trabajo de los periodistas locales y haciéndolo más peligroso. Vaticina que la actual ola de violencia continuará durante las elecciones «porque va a haber más gente en el terreno informando sobre regiones conflictivas».
Pérez cree que la situación no va a mejorar mientras el país no aborde su cultura de corrupción e impunidad. Puso como ejemplo el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y amigo del presidente, arrestado en Guatemala en abril de 2017 tras seis meses a la fuga. Al menos 17 periodistas locales fueron asesinados y tres más desaparecieron durante los seis años de su mandato; sin embargo, no fue sujeto a escrutinio alguno hasta que se reveló su malversación de aproximadamente tres mil millones de dólares de fondos públicos.
«¿A cuántos de nuestros colegas han asesinado sin que la fiscalía haga nada?» pregunta Pérez. «Lo más importante es apresar a todos nuestros políticos corruptos. Si el robo de fondos públicos no tiene repercusiones, ¿cómo vamos a esperar que aquellos que minan la libertad de expresión se preocupen por las consecuencias?».
