Los peligros de la autorregulación

03 May 18 | Journalism Toolbox Spanish

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La estrechez de miras de los gobiernos y la industria están poniendo en jaque a la libertad de expresión, asegura Ian Brown
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Yuri Samoilov/Flickr

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Una de las protecciones clave de la libertad de expresión en redes es la capacidad que tienen los proveedores de servicios de Internet (ISP) de permitir el acceso de sus usuarios a contenido de todas partes del mundo. En Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países, las ISP están exentas de responsabilidad por transmitir páginas web desde sitios remotos a sus usuarios. Como «meros conductos», no necesitan instaurar los exhaustivos controles por difamación o infracción de copyright que se exigen a los medios impresos. Incluso cuando actúan como servidores para sitios web, las ISP están exentas de responsabilidad sobre el contenido de los usuarios siempre y cuando el material ilegal se retire cuando se les notifique. Esta es una de las razones de la explosiva proliferación de contenido accesible en las redes en los últimos diez años.

Últimamente, sin embargo, los gobiernos han estado buscando la manera de hacer que las ISP desempeñen una función más firme como reguladoras del ciberespacio. Concretamente, están animando a las ISP a tomar medidas con respecto a las infracciones de copyright online, el intercambio de imágenes de abuso de menores y el uso de internet para promover el terrorismo.

Estas medidas podrían perjudicar gravemente la libertad de comunicación de todos los individuos. Si bien los usuarios de internet más experimentados suelen saber esquivar los bloqueos que introducen las ISP, la mayoría de la gente no está muy familiarizada con estas herramientas de sorteo de obstáculos, como pueden ser los proxys o la encriptación. Los gobiernos democráticos están debatiendo la restricción de una amplia gama de material, como información sobre la eutanasia y el suicidio, pornografía «extrema» y la «glorificación» del terrorismo.

Los gobiernos están animando a las ISP a tomar medidas de autorregulación del tipo «amable», con métodos de decisión administrativos, no judiciales, de sancionar a usuarios y páginas web. Algunas ISP han introducido cláusulas en sus contratos que les permitan desconectar a ciertos usuarios una vez se dé un número concreto de alegaciones de infracción de copyright contra ellos. La Unión Europea está alentando el desarrollo de líneas telefónicas directas financiadas por la industria que permitan al público denunciar imágenes de abuso infantil, siguiendo el ejemplo de la Internet Watch Foundation británica, según el cual algunas ISP deniegan automáticamente el acceso a webs que hayan sido denunciadas. El gobierno neerlandés ha aprobado un código de conducta que promueve la eliminación de material «indeseable» y «dañino» entre las ISP.

Si bien es cierto que estos planes son más flexibles y menos pesados que una regulación legislativa, lo más habitual es que prescindan de la imparcialidad procesal y la protección de los derechos fundamentales que se promueven desde el escrutinio independiente, tanto judicial como parlamentario. Pocos planes incluyen una protección substancial de los derechos individuales de expresión, asociación o intimidad. A menudo se introducen bajo amenaza de legislación o litigios, decididos y realizados a puerta cerrada «al amparo de la ley», sin consideración por la ciudadanía ni participación por parte de esta.

La aplicación del copyright

Las industrias musical y cinematográfica han pasado gran parte de la última década aterrorizadas por el nivel de infracciones de copyright existente en internet. En general, su reacción ha sido un alud de pleitos contra personas que comparten archivos. Los casos ascienden actualmente a 60.000 solo en Estados Unidos. Sin embargo, parece haber afectado más bien poco al volumen de archivos que se comparten, generando al mismo tiempo una decente cantidad de mala prensa. «Grupo de música demanda a sus fans» no es el tipo de cobertura mediática que a los artistas les gusta ver.

Las industrias del contenido intentan ahora encontrar modos más sencillos de desconectar a usuarios y páginas acusadas de infracción. Desde 2007, han estado alentando a las ISP a filtrar el acceso a internet de sus usuarios, bloquear el acceso a software P2P e implementar planes de «tres strikes», según los cuales se bloquea a los usuarios después de tres alegaciones (sin verificar) de infracción de copyright (http://www. eff.org/ les/ lenode/effeurope/ifpi_ ltering_memo.pdf). Las ISP que se han negado han recibido acusaciones de estar robándoles las ganancias a los músicos, e incluso se las ha animado (como hizo Bono, líder de U2, en un artículo de opinión para el New York Times) a liderar el rastreo de malhechores pertenecientes al gobierno Chino.

En el caso irlandés de EMI contra Eircom (2008), ciertos sellos musicales emprendieron acciones legales para exigir a una importante ISP que filtrase el intercambio de archivos por P2P. De haber ganado, no hay duda de que habría supuesto el bloqueo masivo de intercambios legítimos de archivos, pues las ISP no están facultadas para decidir si un uso específico de una obra protegida está autorizado o no. Se desestimó el caso cuando Eircom accedió a modificar los contratos con sus clientes para permitir que se desconecte a los usuarios que ignoren las advertencias de una presunta infracción de copyright.

La ISP británica Virgin Media accedió en 2008 a enviar cartas de advertencia a clientes que la Industria Fonográfica Británica identificaba compartiendo música ilegalmente. Sin embargo, ninguna de las partes ha publicado datos sobre si estas acciones han reducido el nivel de infracciones del copyright en la red de Virgin. Otras ISP británicas, como Carphone Warehouse, se han negado a participar en esta campaña «educativa».

Los titulares del copyright han estado ejerciendo presión sobre los políticos para que algunas medidas autorreguladoras sean obligatorias, con éxito parcial. Francia fue la primera en introducir la ley de los «tres strikes», con su loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet de 2009. Tras recibir tres alegaciones de infracción de un usuario en un periodo de 18 meses, una agencia del gobierno podría exigir a las ISP que suspendan la conexión de ese individuo de dos a 12 meses. La primera versión de la ley violaba la presunción de inocencia y los derechos a la libertad de comunicación y expresión, según el gabinete constitucional. La ley ha sido revisada y requiere de la presencia de un juez que decida sobre la suspensión del acceso al usuario en cuestión.

La Digital Economy Bill presentada actualmente en el parlamento británico permitiría al gobierno exigir a las ISP que introduzcan «medidas técnicas» para reducir la velocidad de conexión de un usuario, bloquearle el acceso a ciertas webs o suspender la conexión sin necesidad de supervisión judicial. No obstante, el proyecto de ley ha recibido críticas incluso de la industria musical por «no ser […] una ley racional o bien planteada», que están «intentando pasar a toda prisa en los últimos meses de un gobierno impopular» (http://newsblog. thecmuwebsite.com/post/Pure-Mint-boss-resigns-BPI-committee-over- Digital-Economy-Bill.aspx). El gobierno español ha introducido un proyecto de ley que permitiría al cuerpo administrativo exigir a las ISP que bloqueen webs comerciales que estén poniendo a disposición del público obras infractoras de copyright. Por otro lado, la coalición del gobierno alemán declaró recientemente: «No aceptaremos iniciativas que ofrezcan posibles modos jurídicos de bloquear el acceso a internet en casos de infracciones de copyright».

A nivel europeo, Viviane Reding —a punto de ser comisaria de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía— ha advertido a los países de la Unión que no desconecten a quienes están presuntamente compartiendo contenido. En noviembre de 2009, Reding avisó a la autoridad reguladora de telecomunicaciones en España que «la represión no resolverá por sí sola el problema de la piratería en internet; puede que en muchos aspectos incluso vaya en contra de los derechos y libertades que han sido parte de los valores europeos desde la Revolución Francesa».

No obstante, al mismo tiempo, la Comisión Europea está negociando en secreto un nuevo tratado contra las falsificaciones junto a EE.UU., Japón y otras naciones desarrolladas que exigiría una política de tres strikes. El texto del borrador es tan polémico que, el verano pasado, el representante comercial de Estados Unidos se negó a compartir una versión escrita con la comisión, que informaba en un memorándum filtrado de que «estos debates internos fueron delicados, dados los diferentes puntos de vista concernientes al capítulo de internet, tanto dentro de la Administración, con el Congreso y entre los accionistas (proveedores de contenido por un lado, partidarios de la «libertad» en internet por el otro)».

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Imágenes de abuso infantil

El uso de internet para la distribución de imágenes de abusos sexuales a niños es claramente abominable, igual que lo es fuera de las redes. Las ISP han estado bajo gran presión desde mediados de los 90 para intentar bloquear este contenido. La policía metropolitana de Londres amenazó en 1996 con incautarse de los servidores de las ISP británicas a menos que bloqueasen algunos foros de Usenet. Además de acceder a la petición, las ISP formaron la Internet Watch Foundation (IWF) para establecer unos parámetros de rastreabilidad de sus usuarios y operar un número de teléfono desde el que recibir avisos de individuos que hubieran encontrado imágenes ilegales de abusos.

Los propios analistas de la IWF deciden si las imágenes son ilegales de acuerdo con la ley británica. Después se pasan los informes a las ISP de Reino Unido, que retiran el contenido ilegal de sus servidores, y a la policía de otros países, por medio del Organismo contra la Delincuencia Organizada Grave, para ISP extranjeras.

A consecuencia de la enorme presión ejercida por el gobierno, la mayoría de las ISP de consumo en Reino Unido utilizan hoy día un sistema «Cleanfeed», desarrollado por la empresa British Telecom, para bloquear el acceso de clientes a páginas web en la lista negra de la IWF. El ministro británico de Interior, Vernon Coaker, dijo a la Cámara de los Comunes en marzo de 2009 que «el gobierno se ha comprometido a alcanzar un 100% de bloqueo en redes comerciales… Si ese enfoque no funciona, estamos considerando varias opciones alternativas, incluida la vía legislativa si es necesario». Sin embargo, en octubre de 2009 decidieron que la tasa de bloqueo «voluntario» del 98,6% hacía la legislación innecesaria.

El modelo británico de autorregulación se ha imitado ampliamente. Los números de teléfono existen en Australia, Canadá, Taiwán, Japón, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Estados Unidos y por toda Europa, aunque las listas de contenido ilegal están en control policial, en lugar de mediante organizaciones independientes. La Comisión Europea ha financiado la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet desde 1999 al amparo del programa «sobre la seguridad en internet».

La Comisión Europea también financia la red policial CIRCAMP, que ha desarrollado un sistema de bloqueo para ISP llamado Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter. Lo utilizan ISP de Dinamarca, Finlandia, Italia, Malta, Noruega y Suecia. Solo el gobierno alemán ha optado por reevaluar el plan, con un periodo de prueba de 12 meses enfocado en la retirada de material en el origen en lugar de exigir bloqueos a las ISP.

 El hecho de que las ISP bloqueen automáticamente, sin decisión judicial, el acceso a contenido web que figure en listas negras secretas supone un importante problema de libertad de expresión. En Reino Unido, a los usuarios que intenten acceder a páginas bloqueadas —incluidas las de webs como la Wikipedia o el Internet Archive— normalmente solo se les informa de que la página no existe. A los sitios web extranjeros no se les suele notificar, ni se les da la oportunidad de protestar contra la decisión de bloquearlos. La situación deja mucho que desear según los estándares estadounidenses de libertad de expresión, sobre los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de 1965 Freedman contra Maryland, dictaminó: «Solo un fallo judicial en un procedimiento contencioso asegura la sensibilidad necesaria para con la libertad de expresión, solo un procedimiento que requiera un fallo judicial valdrá para imponer una restricción final válida».

Se han filtrado varias listas negras de distintos países, y al parecer incluyen contenido legal, si bien en ocasiones de mal gusto. Se han publicado supuestas listas de bloqueo de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Tailandia. La lista de Australia al parecer incluía «portales de póker online, enlaces de YouTube, webs de porno gay y heterosexual, páginas sobre la eutanasia, páginas de religiones periféricas además de algunas concernientes al cristianismo y las páginas de inicio de empresas y médicos privados». La lista finlandesa incluía una web que criticaba el sistema finlandés de bloqueo y la lista de dominios bloqueados. Según el responsable del sitio, Matti Nikki, la policía nacional se ha negado a retirar la web de la lista negra, y un tribunal administrativo ha rechazado recibir su queja incluso después de que un fiscal rehusase presentar cargos contra Nikki por falta de pruebas (http://lapsiporno.info/english-2008–02–15.html).

 Recientemente, el gobierno belga ha criticado los procesos judiciales de bloqueo de sitios web por ser demasiado pesados. Su Unidad Federal de Crimen Informático detecta de 800 a 1.000 páginas con imágenes de abuso infantil cada año, pero raras veces recurre a los tribunales para hacer que las bloqueen. El ministro de empresa, Vicent Van Quickenborne, ha propuesto en su lugar un protocolo de autorregulación según el cual las ISP podrían bloquear contenido ilegal, incluidas páginas racistas, de odio y de fraude por internet, sin necesitar de una decisión judicial.

La Comisión Europea ha propuesto extender sistemas de bloqueo por toda la UE, por mucho que se estén acumulando las pruebas de que el impacto es mínimo sobre la distribución de imágenes de abuso infantil. Graham Watson, eurodiputado y antiguo presidente del comité de las libertades civiles del Parlamento Europeo, afirmaba en octubre de 2009 que «la protección de los niños es una cuestión de extrema importancia, pero esto no quiere decir que la comisión pueda proponer medidas que, además de ser totalmente inútiles, acarreen duraderas consecuencias para el derecho a la libertad de comunicación en Europa».

La lucha contra el terrorismo y la expresión «extremista»

Muchos estados europeos ven en internet un frente propagandístico en su «guerra contra el terror», y han prohibido la «glorificación», «apología» o «promoción pública» del terrorismo. Es muy difícil para los tribunales, por no mencionar los cuerpos de policía y las agencias administrativas, interpretar lenguaje tan vago en un área tan polémica, al mismo tiempo que protegen la libertad de expresión.

Desde 2007, Europol ha coordinado el programa «Check the Web» para monitorizar páginas web de extremismo islámico, y mantiene una lista de direcciones web y comunicados realizados por organizaciones terroristas. La propuesta inicial del proyecto sugería que «deben monitorizarse numerosas páginas web en una amplia variedad de idiomas, evaluándolas y, de ser necesario, bloqueándolas u obligándolas a cerrar»; no obstante, aún no es el caso. Los gobiernos alemán, neerlandés, checo y británico están investigando los aspectos prácticos en un programa de investigación que «aborde la prevención de contenido terrorista en internet». En su plan para los próximos cinco años, la Comisión Europea ha propuesto que, para reducir la amenaza terrorista, «han de facilitarse medios técnicos adecuados y debe mejorar la cooperación entre los sectores privado y público. El objetivo es restringir la diseminación de propaganda terrorista y el apoyo práctico a operaciones terroristas».

Varios estados miembros ya están hablando del uso de poderes para exigir a las ISP que bloqueen páginas extremistas. La Asamblea Nacional Francesa está debatiendo la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, que obligaría a las ISP a bloquear «sin demora» el acceso a páginas de una lista secreta en poder del ministerio del interior. El gobierno neerlandés ha aprobado un código de conducta que promueve que las ISP desarrollen criterios para eliminar material «indeseable» y «dañino». El gobierno británico no ha pronunciado palabra al respecto últimamente, pero en 2008 la por entonces ministra del interior Jacqui Smith declaró al canal Radio 4 de la BBC: «Tenemos que trabajar con los proveedores de servicios de internet, tenemos que usar de una vez por todas las lecciones que hemos aprendido sobre cómo proteger a nuestros hijos de los pedófilos y del acoso sexual en internet, para dar forma al modo en el que lo usaremos para prevenir el extremismo violento y hacer frente al terrorismo también».

Es relativamente sencillo definir qué es una imagen de abuso infantil. A la comunidad internacional le está costando encontrar una definición sólida de «terrorismo», por no hablar de su exaltación o fomento. Hasta la respetada abogada de derechos humanos Cherie Booth, consejera de la reina, llegó a ser acusada de fomentar el terrorismo por sus declaraciones de 2002 a la BBC: «Mientras los jóvenes sientan que su única esperanza es hacerse volar por los aires, nunca avanzaremos».

Los intentos por bloquear el acceso a material «extremista» en internet, por lo tanto, probablemente interfieran en gran medida con la capacidad de los usuarios para hablar sobre la situación en Afganistán, Irak y los territorios Palestinos, entre otros. El bloqueo sería de proporcionalidad cuestionable, dado su impacto limitado en ciertos usuarios. La reducción de la radicalización es un objetivo totalmente legítimo, pero en un estudio reciente de estrategias posibles, Tim Stevens y Peter R. Neumann llegaron a la conclusión de que bloquear páginas es «rudimentario, costoso y contraproducente».

Es fácil entender el atractivo que tienen las soluciones «autorreguladoras» para el gobierno y la industria frente a problemas sociales complejos, como lo son la infracción del copyright, las imágenes de abuso infantil y la radicalización de terroristas. Con ellas, podría creerse que los gobiernos están «haciendo algo», que a corto plazo podría resultar razonablemente efectivo, mientras reducen los costes policiales y el escrutinio de tribunales y cuerpos legislativos. Las ISP se llevan los aplausos por su «responsabilidad social» mientras eluden el peso de una regulación potencialmente más intensa.

El escrutinio parlamentario no es garantía automática de la calidad de una ley, especialmente cuando gobiernos como el del nuevo laborismo en Reino Unido se sirven de ella para «enviar mensajes» en lugar de tomar medidas efectivas y proporcionadas. El sistema judicial es de lenta reacción por necesidad frente a una tecnología y ambiente político que avanzan vertiginosamente, con casos clave que el Tribunal Europeo por los Derechos Humanos a menudo tarda una década en cerrar. Organismos intergubernamentales como la Unión Europea y el Consejo de Europa han actuado más rápidamente proponiendo nuevas medidas contra la distribución de archivos, imágenes de abuso infantil y discursos extremistas que para proteger los derechos fundamentales en la era de la información.

Con todo, son las mejores instituciones con las que contamos para proteger la libertad de expresión y los derechos vinculados a esta contra las acciones de gobiernos e industrias cortas de miras. El Consejo de Europa ha recomendado, tarde, que el bloqueo solo debería darse si «concierne a contenido específico y claramente identificable, si una autoridad nacional competente ha tomado una decisión sobre su ilegalidad y si la decisión puede revisarse por un tribunal u organismo regulador independiente e imparcial». Tras una batalla formidable entre varios estados miembros y el Parlamento Europeo, el paquete de Telecomunicaciones de la UE incluye protección específica para los derechos de los usuarios, según la cual:

Las medidas que tomen los Estados Miembros sobre el acceso o uso de los usuarios a servicios y aplicaciones a través de redes de comunicación electrónica respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales […] estas medidas […] solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática, y su implementación estará sujeta a garantías procesales adecuadas […] incluidas la protección judicial efectiva y un juicio justo.

Está ahora en manos de aquellos que se preocupan por los derechos humanos asegurarse de que estas protecciones fundamentales se hacen respetar. Legisladores, jueces y ciudadanos por igual pueden cumplir su papel para asegurarse de que internet apoya «el caos y la cacofonía» de la democracia. La alternativa sería permitir que la libertad de expresión en internet termine cayendo en un olvido autorregulado.

Gracias a Joe McNamee y Chris Marsden por conversar conmigo sobre la autorregulación en internet.

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Ian Brown es investigador senior en el Oxford Internet Institute (parte de la Universidad de Oxford). Desde 1998 ha sido consejero de diversas organizaciones: Privacy International, el Open Rights Group y FIPR y ha asesorado a Greenpeace y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

This article originally appeared in the spring 2010 issue of Index on Censorship magazine

Traducción de Arrate Hidalgo

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With: Rebecca MacKinnon, Rafal Rohozinski, Andrei Soldatov[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89164″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2010/03/brave-new-words-2/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

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